Más allá del Incumplimiento: Insolvencia, Hogares y Resiliencia del Modelo Cooperativo llegó al 0,50 por ciento de la cartera
La Superintendencia de la Economía Solidaria presentó el un análisis del impacto y perfil de los deudores insolventes en las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CACs)
El mercado del crédito en los sectores populares y de ingresos medios ha encontrado históricamente un pilar de apoyo fundamental en las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CACs). Estas instituciones han facilitado la inclusión financiera de segmentos vulnerables o tradicionalmente desatendidos por la banca comercial tradicional, tales como jóvenes, mujeres trabajadoras y madres cabeza de familia. No obstante, la dinámica macroeconómica plantea retos en materia de riesgo de crédito e insolvencia. Lejos de constituir una alarma de colapso institucional, las cifras del sector demuestran la profunda resiliencia y el comportamiento controlado del modelo solidario.
Estabilidad de la Cartera y Mitigación del Riesgo
Al cierre de 2025, la cartera bruta de las CACs alcanzó una cifra robusta de $19,71 billones. De este total, la participación del saldo catalogado como insolvente ascendió a $100.731 millones, lo que representó apenas un 0,51% de la cartera global. Esta tendencia a la estabilidad se ratifica en los primeros meses del año siguiente: a febrero de 2026, con una cartera total en expansión de $20,02 billones, la proporción de insolvencia se contuvo de manera exitosa en el 0,50%.
Estos resultados confirman que el fenómeno de la insolvencia continúa estando estrictamente acotado y controlado en relación con el tamaño de los activos cooperativos. Por lo tanto, la insolvencia debe interpretarse exclusivamente como una señal para el seguimiento preventivo y el fortalecimiento de los mecanismos de provisión, descartando cualquier alarma de deterioro generalizado en el ecosistema solidario.
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Evolución del Saldo Insolvente:
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2022: $24.496 millones
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2024: $61.516 millones
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2025: $100.731 millones
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Perfil Demográfico del Deudor Insolvente
Un análisis detallado sobre un universo de 4.634 registros de deudores insolventes (con corte a diciembre de 2025) permite identificar con precisión las variables sociales de la población afectada. Desde una perspectiva de género, el fenómeno muestra una distribución relativamente equilibrada, registrando un 55,5% de participación masculina y un 44,5% de participación femenina.
El impacto por estratificación socioeconómica evidencia que la insolvencia se manifiesta principalmente en las bases donde el crédito cooperativo tiene su mayor alcance de soporte: los hogares de los estratos medios-bajos y populares.
Distribución por Estrato Socioeconómico
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Estrato 3: 1.618 casos
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Estrato 2: 1.576 casos
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Estrato 4: 740 casos
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Estrato 1: 399 casos
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Estrato 5: 216 casos
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Estrato 6: 73 casos
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No aplica: 12 casos
Distribución por Rangos de Edad
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18 a 28 años: 60 casos
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29 a 39 años: 1.073 casos
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40 a 49 años: 1.500 casos
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50 a 64 años: 1.355 casos
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Mayores de 65 años: 646 casos
La concentración por edades es particularmente reveladora: los deudores situados entre los 29 y los 64 años concentran de forma agregada 3.928 registros, lo que equivale al 84,76% de toda la población caracterizada. Esta acentuación del fenómeno coincide con las etapas del ciclo vital de mayor presión y exigencia económica, tales como el sostenimiento del hogar, la educación de los hijos, la adquisición de vivienda, la cobertura de gastos imprevistos de salud, la puesta en marcha de emprendimientos y la acumulación de múltiples obligaciones crediticias simultáneas.
Desafíos Jurídicos y la Protección del Modelo Solidario
Los procesos de insolvencia de persona natural no solo traen repercusiones financieras, sino que introducen profundos retos jurídicos para las Cooperativas de Ahorro y Crédito debido a la naturaleza especial de los aportes sociales. A diferencia de las entidades bancarias tradicionales, las cooperativas operan bajo una estructura de propiedad colectiva.
Estos aportes no actúan meramente como un capital pasivo, sino que cumplen una doble función esencial: respaldan de forma inmediata las obligaciones individuales del asociado y, al mismo tiempo, realizan una función de soporte patrimonial que garantiza la estabilidad, la liquidez y la continuidad institucional de la cooperativa en el mercado. Por este motivo, la aplicación directa de los regímenes de insolvencia general suele generar fricciones normativas.
El gran desafío del sector radica en lograr una armonización efectiva entre las leyes de protección al consumidor financiero insolvente y las normas especiales que rigen el cooperativismo. Salvaguardar los derechos de los deudores en situaciones críticas de iliquidez es indispensable, pero debe ejecutarse bajo esquemas técnicos que no vulneren ni pongan en riesgo la sostenibilidad financiera y el patrimonio común del modelo solidario, el cual ampara a millones de ahorradores del país.
Fuente de datos: Boletín de la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo – Supersolidaria.
