CTA: un mito que persiste y una discusión que urge actualizar
Por: Sebastián Garaviño
Presidente de la Red Unicossol / Profesor TC Dpto. Economía Solidaria UCC
Para Gestión Solidaria
En Colombia hay un consenso fácil —y cómodo—: las cooperativas de trabajo asociado (CTA) fueron un mecanismo de explotación laboral. Punto. Caso cerrado. Se repite en aulas, debates y discursos institucionales como si nada hubiera cambiado en los últimos quince años.
Pero esa certeza tiene un problema: está desactualizada. Sí, durante la primera década del siglo XXI muchas CTA fueron utilizadas para tercerizar actividades misionales, evadir responsabilidades laborales y precarizar el trabajo. Fue un fenómeno real, extendido y, en muchos casos, profundamente problemático. Sin embargo, también fue un fenómeno regulado. Normas como el Decreto 4588 de 2006 y la Ley 1429 de 2010 no solo reconocieron el problema, sino que establecieron límites claros: las CTA no pueden ser utilizadas para intermediar laboralmente ni para encubrir relaciones de subordinación.
¿El resultado? Una caída significativa en el número de estas organizaciones. Pero no porque el modelo cooperativo hubiera fracasado, sino porque desaparecieron muchas de las llamadas “CTA de papel”: estructuras creadas para simular lo que en realidad eran relaciones laborales encubiertas. Las que sobrevivieron —menos visibles, menos numerosas— son, en buena medida, experiencias reales de trabajo asociado.
Y, sin embargo, el estigma se quedó. Hoy, hablar de CTA sigue generando sospecha automática. Se les sigue señalando como si fueran el problema, incluso cuando el marco normativo actual prohíbe justamente aquello por lo que fueron cuestionadas. Es como si el debate se hubiera congelado en el 2008.
Pero aquí viene la pregunta incómoda: si las CTA dejaron de ser el vehículo principal de la intermediación laboral, ¿esa intermediación desapareció?
La respuesta es no. Lo que ocurrió fue algo mucho más interesante —y menos discutido—:la intermediación laboral no se eliminó, se transformó. Migró hacia otras figuras, algunas con mayor legitimidad social o jurídica, como ciertas agremiaciones sindicales o el uso extensivo de empresas de servicios temporales. En sectores como el de la salud, estas formas han permitido, en la práctica, sostener esquemas de organización del trabajo que no son tan distintos de aquellos que antes se criticaban.
Entonces, ¿Cuál era realmente el problema? ¿La figura cooperativa… o la lógica de intermediación?
La reciente discusión de la reforma laboral en Colombia dejó una pista reveladora.
Algunos artículos buscaban limitar con mayor fuerza estas prácticas. No pasaron. El Congreso decidió no aprobarlos. Y eso abre otra pregunta, aún más incómoda: ¿Qué intereses se protegen cuando se permite que estas formas de intermediación sigan operando, aunque cambien de nombre?
Tal vez ha llegado el momento de dejar de usar a las CTA como el villano perfecto de una historia más compleja. No para idealizarlas ni para desconocer sus usos indebidos en el pasado, sino para entender que el problema nunca fue exclusivamente la figura.
Fue —y sigue siendo— la forma en que se organiza el trabajo.
Mientras no se discuta eso de fondo, seguiremos cambiando de nombre… pero no de problema.
