Desigualdad global: el modelo cooperativo que redistribuye la riqueza mientras el 10% más rico concentra más de la mitad de los ingresos
3.800 millones de personas carecen de protección social y la cuota del PIB proveniente de las rentas del trabajo disminuye desde 2015. El informe de la ACI y el COPAC revela cómo las cooperativas están reduciendo brechas estructurales en sectores como la agricultura, las finanzas y la energía.
Por: Gestión Solidaria
La reducción de las desigualdades dentro de los países y entre ellos es un compromiso central de la Agenda 2030, pero a cinco años de la meta, los datos son alarmantes. Según el capítulo dedicado al ODS 10 en el informe «Construir juntos un mundo mejor», elaborado por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y el COPAC, el 10% más rico de la población mundial concentra más del 50% de los ingresos, mientras que la mitad más pobre percibe apenas el 8%.
Las cifras no se limitan a los ingresos. En el mundo hay 3.800 millones de personas sin ningún tipo de protección social. El desempleo juvenil es casi tres veces superior al del adulto. Las mujeres continúan sufriendo brechas salariales endémicas y una elevada concentración de trabajo informal y precario. La discriminación contra las personas migrantes, las personas con discapacidad, los hogares de bajos ingresos y las comunidades indígenas no para de crecer. Y cada vez están más desvinculados el aumento de la productividad y el de los salarios: la cuota mundial del PIB que proviene de las rentas del trabajo ha disminuido de forma sostenida desde 2015, ampliando la brecha entre las personas trabajadoras y quienes poseen el capital.
El informe cita a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien advierte que «las desigualdades están aumentando, los conflictos se agravan y la emergencia climática empeora» y que «necesitamos más solidaridad y más derechos humanos para abordar los retos actuales».
La respuesta cooperativa
Frente a este panorama, las cooperativas emergen como un modelo probado. El informe subraya que «se encuentran en una posición singular para hacer frente a estas desigualdades interrelacionadas, porque amplían el acceso a las oportunidades económicas, refuerzan la protección laboral y garantizan que las poblaciones marginadas tengan voz en la toma de decisiones económicas».
«Al ser empresas democráticas que pertenecen a sus miembros, transforman la exclusión en capacidad de acción, ya que redistribuyen el valor económico de manera más equitativa y reinvierten los excedentes de forma local», señala el documento. Más de mil millones de personas en todo el mundo forman parte de más de tres millones de cooperativas en sectores como la agricultura, las finanzas, la vivienda, la salud, la manufactura, los seguros, el comercio minorista y la pesca.
Las cooperativas combaten activamente la desigualdad porque promueven los derechos humanos en las cadenas de valor, apoyan las transiciones desde la informalidad hacia el trabajo decente y abordan riesgos sistémicos como el trabajo infantil y las formas contemporáneas de esclavitud. Por ejemplo, las cooperativas de cacao certificadas por Fairtrade en Costa de Marfil y Ghana han puesto en marcha sistemas de supervisión y erradicación del trabajo infantil que han permitido identificar y ayudar a más de 60.000 menores en situación de riesgo, al tiempo que han incrementado los ingresos de los productores garantizando precios mínimos y primas gestionadas por las propias comunidades.
Casos que transforman realidades
El informe recoge experiencias concretas en distintas partes del mundo que demuestran el impacto del modelo cooperativo en la reducción de las desigualdades.
En India, la red de cooperativas lecheras AMUL, integrada por más de 3,6 millones de pequeños productores, muchas de ellas mujeres, ha contribuido a aumentar los ingresos rurales, eliminar intermediarios abusivos y reforzar el liderazgo económico de las mujeres en el ámbito agrícola.
En África Oriental, las cooperativas de café y té de Kenia respaldan a millones de pequeñas explotaciones agrícolas, para quienes negocian mejores precios y garantizan una mayor inclusión financiera a través de las SACCO, además de proteger a las personas trabajadoras en las cadenas de valor frente a los riesgos de trabajo forzoso o infantil.
En Reino Unido, el Co-operative Group, una de las mayores cooperativas de consumo del país, ha sido reconocida como entidad pionera en la aplicación de sólidos procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos. A través de declaraciones de transparencia sobre el estado de la esclavitud moderna, alineadas con la Ley contra la Esclavitud Moderna del Reino Unido (2015), y del programa Bright Future, colabora con organizaciones no gubernamentales y con el parlamento para ofrecer itinerarios de trabajo seguros y una reintegración digna a personas supervivientes de la esclavitud moderna.
En la economía digital, las cooperativas de plataforma velan por que la innovación tecnológica no acentúe las desigualdades. Ejemplos como Up&Go en Estados Unidos y la cooperativa Smart en Bélgica demuestran que los modelos de propiedad colectiva pueden mejorar los salarios, ofrecer protección social a quienes trabajan en plataformas digitales y evitar que los intermediarios tecnológicos acaparen el valor. Smart, arraigada en el sector artístico de Bruselas, brinda a más de 40.000 personas autónomas acceso a seguros y a mecanismos de negociación colectiva.
En España, la Corporación Mondragón, uno de los mayores grupos cooperativos del mundo, mantiene una relación salarial interna en la que la remuneración más alta no supera entre seis y nueve veces la de la persona con el salario más bajo. «Este enfoque contrasta de forma marcada con las proporciones de 200 a 300 a 1 que son habituales en grandes empresas multinacionales y demuestra que la propiedad democrática puede reducir las brechas salariales sin comprometer la competitividad», destaca el informe.
En Marruecos, la cooperativa agrícola Femmes Dadès, ubicada en la provincia de Tinghir, ilustra cómo las cooperativas pueden reducir las desigualdades creando oportunidades económicas inclusivas para las mujeres en medios rurales. Fundada en 2011 por Drissia Ait Haddou, se centra en la valorización de los productos agrícolas, especialmente las rosas del valle de Dadès. En 2016, la certificación Fairtrade permitió reforzar la calidad de la producción y ampliar el acceso al mercado. «A través de la solidaridad y el crecimiento compartido, la cooperativa ha contribuido a mejorar la inclusión social y reducir las desigualdades en la región».
En Sri Lanka, la federación de cooperativas SANASA, con más de 8.000 cooperativas primarias y más de un millón de miembros con bajos ingresos, forma una red centrada en la comunidad destinada a los ahorros, los servicios de créditos y el desarrollo empresarial. «Sanasa permite reducir la brecha existente en materia de ingresos, región y oportunidades, por un lado, reduciendo la dependencia de prestamistas informales y, por otro, ampliando la participación de las comunidades desfavorecidas en el poder económico a través de la inclusión financiera».
En Canadá, la cooperativa SOCODEVI fomenta la participación económica inclusiva mediante la prestación de asistencia técnica, formación en materia de gobernanza, herramientas para la igualdad de género y servicios de desarrollo empresarial para cooperativas agrícolas, de mujeres y forestales en Latinoamérica. «Al ofrecer a las comunidades las herramientas, las redes y los modelos institucionales necesarios para gestionar su propio desarrollo, SOCODEVI ayuda a reducir tanto las disparidades económicas como sociales».
En Europa, CECOP, la Confederación Europea de Cooperativas Industriales y de Servicios, representa a unas 43.000 cooperativas que emplean a cerca de 1,3 millones de personas. En la República Checa, la cooperativa de trabajo SOLEA es una de las empresas que más oportunidades de empleo genera para personas con discapacidades, con más del 75% de la plantilla compuesto por personas con algún tipo de discapacidad. En Italia, Vesti Solidale se especializa en la gestión de residuos y lleva desde 1998 creando empleo para personas en situaciones de vulnerabilidad.
Las cooperativas energéticas también contribuyen a reducir desigualdades. En España, la Comunidad Energética Oliver proporciona energía solar a precios asequibles a 56 viviendas, cinco organizaciones y la iglesia de una de las zonas con mayor índice de exclusión social de Zaragoza. En Bélgica, la cooperativa Klimaan utiliza inversiones ciudadanas para financiar la instalación de paneles solares en 197 viviendas sociales, priorizando el impacto social sobre los beneficios y ofreciendo a los hogares con bajos ingresos precios asequibles y estables de la energía.
Las barreras que persisten
A pesar de estos logros, el informe advierte que las barreras estructurales siguen limitando la capacidad total de las cooperativas para reducir las desigualdades. «En muchos países, los marcos jurídicos y normativos de las cooperativas han quedado obsoletos o no se adaptan a los modelos económicos en constante evolución, lo cual limita la capacidad de las cooperativas para desarrollar su actividad en sectores de alto crecimiento, como las plataformas de trabajo en remoto, la asistencia social o las energías renovables».
El acceso a la financiación sigue siendo un obstáculo recurrente, especialmente para las cooperativas dirigidas por mujeres, jóvenes, migrantes, poblaciones indígenas o personas con discapacidades. «Las instituciones financieras tradicionales suelen percibir a las cooperativas como entidades de alto riesgo, y los mecanismos de financiación pública no suelen atender a las empresas propiedad de sus miembros».
Las normas sociales y las prácticas discriminatorias limitan aún más la participación y el liderazgo, y los sistemas estadísticos nacionales no reflejan las contribuciones de las cooperativas a la igualdad de los ingresos, el trabajo decente y el acceso a los servicios. La brecha digital agudiza estos problemas, ya que el acceso limitado a las infraestructuras, las habilidades y las herramientas dificulta que las cooperativas más pequeñas o rurales puedan competir en los mercados modernos.
Cinco recomendaciones para avanzar
El informe formula cinco recomendaciones clave para que los gobiernos, las organizaciones de la ONU, las instituciones internacionales y los socios de desarrollo aprovechen el potencial de las cooperativas en la consecución del ODS 10:
1. Integrar a las cooperativas en las estrategias de inclusión y de reducción de desigualdades nacionales. Los gobiernos deberían reconocerlas formalmente como socios estratégicos para lograr la reducción de disparidades sociales y de ingresos. El seguimiento nacional de los ODS, incluidos los exámenes nacionales voluntarios, debería documentar y cuantificar sus contribuciones en materia de equidad, acceso y representación.
2. Reforzar y modernizar los marcos jurídicos y normativos para proteger la identidad cooperativa. Los responsables políticos deberían actualizar las leyes cooperativas obsoletas para proteger la autonomía y la gobernanza democrática, y permitir nuevos modelos como las cooperativas de plataforma, las cooperativas sociales y las empresas dirigidas por jóvenes y mujeres.
3. Ampliar el acceso inclusivo a la financiación, los seguros y los mercados. Los bancos de desarrollo, las instituciones financieras públicas y los organismos federativos cooperativos deberían diseñar ventanas de financiación específicas para las cooperativas, especialmente para las dirigidas por mujeres, jóvenes, migrantes y personas discapacitadas.
4. Invertir en educación cooperativa, desarrollo de liderazgo y habilidades para el futuro del trabajo. Ampliar los programas de formación sobre gobernanza cooperativa, gestión financiera, transición digital, resiliencia climática y servicios de economía del cuidado.
5. Reforzar los datos, las asociaciones y la cooperación internacional. Los gobiernos, las organizaciones de la ONU, las oficinas nacionales de estadística y las federaciones cooperativas deberían trabajar conjuntamente para producir datos más sólidos y desglosados sobre el empleo cooperativo, su participación y su impacto respecto a las desigualdades.
El informe cierra su capítulo sobre desigualdad con una reflexión contundente: «Aplicando estas medidas, los responsables políticos pueden empoderar a las personas en lugar de solo a los mercados, lo cual reflejaría la esencia del modelo cooperativo».
«Para promover el ODS desde la perspectiva de los derechos humanos es necesario garantizar que nadie se quede atrás. Las cooperativas, con su enfoque democrático y centrado en las personas, ofrecen un plan de desarrollo práctico para lograr una economía más justa en la que el valor sea compartido y la participación inclusiva».
En un mundo donde la brecha entre ricos y pobres sigue ampliándose, el modelo cooperativo demuestra que otra forma de distribuir la riqueza es posible. No se trata solo de una cuestión de justicia social, sino de estabilidad económica y cohesión social. Las cooperativas ya están reduciendo las desigualdades; el reto es ampliar su escala y garantizar que los gobiernos las reconozcan como aliadas estratégicas en la construcción de sociedades más equitativas.
