Igual que con la salud y la educación se busca generar las bases para privatizar la justicia sostiene Asonal Judicial S.I.
Los sindicatos que reúnen a los trabajadores de la Rama Judicial advirtieron que hay un plan para mantener la deuda histórica con el sector justicia y marchitar su funcionamiento, de esta manera muchas de sus actividades son asignadas a otros organismos como autoridades policiales y administrativas, cámaras de comercio y notarios, quienes con la excusa de realizar procesos más ágiles y eficientes suplantan la actividad judicial.
Los trabajadores de la rama judicial convocaron una nueva jornada de protesta para hoy 25 y mañana 26 de mayo, en medio del paro que ya cumple 27 días. Lo que extiende la protesta nacional ante la poca o nula respuesta de la mesa de negociación donde participa el Gobierno de Iván Duque.
Luis Fernando Otalvaro Calle, presidente de Asonal Judicial Sindicato de Industria destacó que es evidente la violación de los derechos humanos en el país y el desconocimiento de la independencia de los poderes. «La fiscalía no se puede comportar como un ministerio más, esa no es su función» dijo.
El dirigente sindical agregó que las cifras son confusas, mientras unas organizaciones hablan de 300 desparecidos, otras organizaciones de derechos humanos señalan que por lo menos son 500 los desaparecidos en medio de las protestas sociales. «A los capturados, cualquiera que hayan sido las condiciones de ésta, se deben entregar bajo la custodia de una autoridad judicial en menos de 36 horas», dijo
Al desaparecimiento forzado se suma el uso excesivo de la fuerza, lo que a la fecha suma 52 muertos en medio de la protesta social. «En ninguna norma de nuestro país existe la pena de muerte, ni la pena perpetua», dijo
Hay un desconocimiento a los artículos constitucionales que respetan los derechos fundamentales a la protesta, la comunicación y hasta la vida de quienes marchan.
Por último el Otalvaro Calle cuestionó la negativa del Gobierno Colombiano de permitir el ingreso de la, CIDH, Comisión Internacional de Derechos Humanos lo que es otra evidente violación a los derechos de los ciudadanos colombianos. «Estos delitos terminarán juzgados en la Corte Penal Internacional ante la violación de las condiciones que garantizan esta protesta» concluyó el dirigente sindical.
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