Golpe al asociativismo: el Gobierno de Argentina suspende a más de 2000 cooperativas por incumplimiento administrativos
En una medida de alto impacto sobre el tejido asociativo del país, el Gobierno nacional de Argentina, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), ordenó la baja de la personería y el retiro de la autorización para funcionar de casi 2.000 cooperativas y mutuales en todo el territorio argentino. La decisión, publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 564/2026 y 565/2026, responde a graves irregularidades contables y administrativas que se extienden por más de siete años.
Fuentes oficiales confirmaron que la sanción alcanza a las entidades incluidas en un extenso listado anexo a las resoluciones. Según la investigación del INAES, estas organizaciones no presentaron documentación asamblearia ni los estados contables exigidos por la Ley de Cooperativas 20.337 durante el período que va desde febrero de 2017 hasta septiembre de 2024.
El expediente se originó en un sumario administrativo iniciado en 2024, que apuntaba a cooperativas que ya arrastraban suspensiones previas por irregularidades formales. «A pesar de las reiteradas notificaciones del organismo, muchas de estas entidades no regularizaron su situación ni presentaron la documentación requerida», señalaron desde el INAES en un comunicado oficial.
Ante la falta de respuestas, el instituto resolvió aplicar la máxima sanción prevista en el artículo 101, inciso 3 de la ley sectorial, que establece el retiro definitivo de la autorización para operar cuando las organizaciones incumplen de manera sostenida con las obligaciones legales vinculadas a su funcionamiento.
EXCEPCIONES Y CASOS PENDIENTES
No obstante la dureza de la medida, el organismo informó que siete cooperativas lograron ser exceptuadas de la sanción tras presentar la documentación exigida durante el proceso y regularizar su estado. En tanto, tres entidades continúan bajo evaluación en otros procedimientos sumariales, mientras que el caso de una cooperativa fue archivado por haber recibido una sanción previa en otra resolución.
El INAES también dispuso notificar la decisión a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a las autoridades locales correspondientes, para que cada una en el ámbito de sus competencias tome intervención sobre las entidades suspendidas.
POSIBILIDAD DE APELACIÓN
Desde el organismo aclararon que la medida no es irreversibles. Las entidades afectadas podrán presentar recursos administrativos o recurrir a la vía judicial si consideran que la suspensión es improcedente, en un intento por revertir la decisión.
La medida sacude al sector cooperativo en un contexto de recesión y caída de la economía social, aunque desde el Gobierno defienden la acción como un necesario saneamiento del registro de asociaciones. “No se puede permitir que entidades que no rinden cuentas ni celebran asambleas sigan gozando de los beneficios del Estado”, confió una fuente del INAES que pidió reserva de su identidad.
Organizaciones de la economía social advirtieron, sin embargo, que muchas pequeñas cooperativas carecen de recursos para mantener al día la compleja carga documental y temen que detrás de la medida se esconda un intento de desregular el sector. Por lo pronto, el listado definitivo de las suspendidas ya está disponible en el Boletín Oficial, y la polémica recién comienza.
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El Gobierno suspendió a más de 2.000 cooperativas y mutuales por incumplimientos administrativos
