Reflexiones para cooperativizar a Colombia

Por: Jarrison Martínez C.
PD, administración, sociólogo,
politólogo

La Organización de las Naciones Unidas -ONU-, a través de la Resolución 78/289, declaró el 2025 año internacional de las cooperativas, un reconocimiento a millones de personas y organizaciones que contribuyen a construir un mundo mejor.

Una breve aproximación a su historia, muestra como desde sus orígenes en el siglo XIX, el cooperativismo ha estado relacionado con las clases trabajadoras y sus luchas por mejores condiciones de vida. En su historia, suele resaltarse el papel de los llamados pioneros de Rochdale (Inglaterra), trabajadores despedidos de una fábrica hilandera y quienes deciden crear una de las primeras cooperativas de este
movimiento.

Actualmente, según el World Cooperative Monitor (2023), las cooperativas representan más del 12% de la población mundial, cerca de tres (3) millones de cooperativas asocian 1.000 millones de personas y proporcionan el empleo del 10% de la población mundial empleada. En Colombia, según la Superintendencia de la Economía Solidaria -SUPERSOLIDARIA- (2024), las 3844 empresas solidarias, asocian 7.2 millones de personas, de las cuales las cooperativas tienen el 84%. Por lo menos, 500 municipios cuentan con una cooperativa surgida en su territorio.

El cooperativismo colombiano, también desde sus inicios nace ligado a las clases trabajadoras y sectores populares. Su desarrollo ha estado inmerso en las problemáticas de una Nación que ha vivido entre la guerra y la paz; el atraso y los esfuerzos por su desarrollo; las crisis y las utopías por un mejor país.

Una de las primeras referencias a las cooperativas en Colombia de las que se tiene registro, fueron las realizadas por Rafael Uribe Uribe, quien tuviera una destacada participación en la llamada Guerra de los Mil Días (1899 – 1903), una de las más violentas guerras civiles que viviera el país. Cuando el gobierno de Núñez ofreció un indulto en 1902, las fuerzas liberales encabezadas por Uribe Uribe se acogerían
a él. En los años siguientes, promoverá un cooperativismo que veía crecer en Europa.

En un artículo publicado en abril de 1911 en el Periódico “El Liberal”, escribiría: “porque en lugar de la producción de tipo monárquico y patronal, vendrá un día la de tipo cooperativo, más eficaz y justa, por cuanto entrega a los obreros mismos, esto es, a los que ejecutan el trabajo y crean el producto, la parte proporcional que les corresponde;…creemos en las virtudes de las cooperativas, de los sindicatos y de todas las formas nuevas de agremiación, nacidas del contacto permanente de los trabajadores.” Siendo congresista de la república, en la mañana del 15 de octubre de 1914, sería asesinado a un costado del Capitolio Nacional; en el bolsillo de su chaqueta llevaba el proyecto de ley para la indemnización por accidentes de trabajo.

Otra vertiente promotora del cooperativismo en Colombia, fue la realizada por representantes del clero, tal es el caso del jesuita José María Campoamor, quien en 1911 constituyó la “Caja de Ahorros del Círculo de Obreros de San Francisco Javier”. Otro presbítero, Jesús María Fernández, en 1915, escribió su obra titulada “la acción social católica en Colombia; manual de sociología practica”, en la que dedica un capítulo a las cooperativas. Igual acontece con el clérigo boyacense Adán Puerto, quien después de haber conocido la experiencia en países europeos se dedica a difundir el pensamiento cooperativo. Similar situación acontece con el padre Ramón Gonzales Parra en el departamento de Santander, quien promueve cooperativas de campesinos. Solicitado por la diócesis, es enviado a Roma y otros países para ampliar sus conocimientos.

No podría dejar de mencionarse el aporte de personas que influenciadas por las ideas de economistas y teóricos del cooperativismo, se dan a la tarea de promoverlas, las ideas de Charles Gide (1847-1932) y su escuela de Nimes, también llegaron al país. Cuenta Francisco Luis Jiménez (uno de los fundadores del cooperativismo colombiano), que en 1927 cuando terminaba sus estudios de Derecho en la Universidad de Antioquia, fue llamado a la práctica jurídica por el doctor Agustín Villegas, un distinguido jurista; “En una de mis conferencias con él, hizo una enumeración muy clara y precisa de los distintos tipos de sociedades que se conocían en el mundo, según los códigos de varios países que tenía a la mano.

Me dijo después en una larga charla: “existe un tipo de sociedad que no conozco y que no existe en Colombia, se llama cooperativa”. Quizás fue la primera vez que oí hablar de la cooperativa como sociedad. Fue entonces como ocurrió algo decisivo para mí que sería definitivo en toda mi vida……”.

Una de las experiencias poco mencionadas en la historia oficial del cooperativismo colombiano, es la promoción de las cooperativas por los partidos obreros y sindicatos de trabajadores. En 1915 llega a Montería un obrero italiano que había participado en las luchas obreras de su país, Vicente Adamo, quien trabajó inicialmente como peón en las haciendas y posteriormente en la plaza de mercado, donde empieza a dar charlas y hacer reuniones. En 1918, creó la Sociedad de Obreros y Artesanos de Montería. En sus charlas, se destaca Ana Julia Guzmán, campesina de Corozal, quien funda la Sociedad de Obreras Redención de la Mujer Explotada, entre las dos sociedades crearon el primer Hospital de la ciudad y una biblioteca popular.

Describe Orlando Fals Borda (1984), que tan pronto la idea de las sociedades se divulgó, se crearon otras en Cartagena, Barranquilla y Cerete. La sociedad se interesó en defender algunas concentraciones de colonos que eran amenazadas por los terratenientes. Vicente Adamo, propuso la organización de los colonos en sociedades comerciales, quizás las primeras cooperativas agrícolas del país. Se había vuelto peligroso para los terratenientes de la región, por lo cual empezaron a solicitar al gobierno que lo expulsara; en 1926 el gobierno de Abadía Méndez ordenó su expulsión de Colombia.

Este período también se caracteriza por los intentos de crear partidos obreros. En enero de 1915, cerca de seiscientos trabajadores firmaron en Bogotá un manifiesto donde llamaban a constituir un Partido Obrero, los objetivos programáticos que se propusieron eran similares a las asociaciones mutuales del siglo XIX. En una de las actas de la asamblea obrera (acuerdo No. 3), se establecía: “El desarrollo del programa socialista que adoptó el congreso obrero, será el establecimiento de las Cajas de ahorro, montes de piedad, cooperativas de consumo y habitacionales, seguros de vida o de enfermedad, instrucción popular.” (Archila 1989).

Las primeras cooperativas creadas bajo la Ley 134 de 1931, (primera ley colombiana sobre cooperativas), fueron con trabajadores y empleados públicos. Las cooperativas crecieron en las empresas asociando trabajadores, en muchas ocasiones de la mano de la organización sindical, muchas llevaron el nombre de “Cooperativa de Trabajadores de …”. Cooperativismo y sindicalismo, nacieron al tiempo y al seno de una misma clase social, la naciente clase trabajadora de principios del siglo XX en Colombia.

El cooperativismo colombiano también ha estado inmerso en los grandes debates y problemáticas del país: violencia y paz; crisis económica y alternativas; concentración de riqueza y desarrollo colectivo, entre otras. Terminada la guerra de los mil días, sus principales protagonistas se dedicaron a promover el cooperativismo como una opción para el desarrollo y la paz. En los años treinta, cuando estalla la gran depresión económica de 1929, surge la primera ley cooperativa en Colombia y se implementan diversas políticas para su fomento, son los años de la llamada segunda república liberal (1930-1946).

Cuando en 1948 es asesinado el candidato presidencial Jorge Eliecer Gaitán, quien en su programa de gobierno había propuesto una serie de reformas y el impulso al cooperativismo, el país se sumergirá en la irracional violencia liberal-conservadora.

Pactada la paz en 1958, se expedirá la ley de educación cooperativa, (Ley 115 de 1959), y la Ley 135 de reforma agraria de 1961, desde su primer artículo reconocía las cooperativas como el instrumento para materializar dicha reforma. Ni hubo reforma agraria y la educación cooperativa fue desmontada años después.

Será a finales de los años ochenta, firmada la paz con el M-19 y otros grupos insurgentes, y convocada la Asamblea Nacional Constituyente -ANC- para reformar la Constitución Nacional, cuando el tema de la economía solidaria aparecerá en sus discusiones; “Las formas de economía solidaria son consideradas no solo como una eficaz alternativa para satisfacer necesidades colectivas apremiantes mediante una
distribución democrática de los excedentes, que excluye el afán indiscriminado de lucro, sino también, lo que no es menos valioso, como una pedagogía contra los excesos del individualismo…. En virtud de todo lo anterior, lo que ahora se busca es, pués, darle carta de ciudadanía en la nueva Constitución, al menos en igualdad de condiciones con otras formas de organización económica destinadas también a satisfacer necesidades sociales” (ANC, acta del 06/04/1991, pág. 14).

Consagrandose en varios articulos de la Constitución Nacional de 1991.

Nuevamente, en el año 2016 y firmado los acuerdos de paz con la guerrilla más vieja del continente, la economía solidaria y el cooperativismo aparecerán como el camino para la implementación de una Reforma Rural Integral y la reincorporación de los excombatientes a la vida civil. pareciera que cuando se intenta pacificar la sociedad colombiana o salir de un ciclo de crisis económica, las élites se acordaran del cooperativismo como modelo socio-económico que genera paz y equidad.

Reactivada la economía y pacificadas las “aguas”, se abandonarán dichas políticas.

De otra parte, en estas décadas de NEOLIBERALISMO (liberalización de mercados, desmonte del Estado y exacerbación del individualismo y la avaricia), las  cooperativas han vivido un proceso sistemático de asfixia y desprestigio. En la crisis financiera internacional de finales de los años noventa, el Estado salió a socorrer los bancos con préstamos e impuestos que pagaron los colombianos, mientras tanto, las cooperativas intervenidas languidecían y fueron liquidadas. El principal banco cooperativo que se había constituido y sobrevivió a la crisis, COOPDESARROLLO, fue forzado a fusionarse con otras entidades, asumir sus deudas, y posteriormente intervenido y liquidado por la superintendencia de entonces. Varios años después, un dirigente cooperativo le reclamaría al presidente Álvaro Uribe en un congreso cooperativo; “presidente, por favor, por lo menos denos las vueltas”. Sus activos habían sido vendidos al grupo financiero AVAL, y aun así,
quedarían excedentes por más de 120 mil millones de pesos, demostrando que la entidad estaba sana financieramente.

A principios del año 2000, en su estrategia de reducir el Estado e implementar una política de flexibilización laboral, son restructuradas, liquidadas o vendidas cerca de 470 entidades públicas. El gobierno promovió un seudo-cooperativismo de trabajo que empresarios y particulares aprovecharon para evadir responsabilidades laborales y tributarias. Las falsas Cooperativas de Trabajo Asociado -CTA-,
crecieron exponencialmente, para después ser liquidadas, dejando un cooperativismo de trabajo desprestigiado y estigmatizado. Para el año 2011 habían registradas cerca de 12 mil -CTA-, en la actualidad solo 329 reportan a la Superintendencia de economía solidaria.

Las políticas tributarias también estuvieron sesgadas por una visión neoliberal, se pretendió equiparar la empresa cooperativa y solidaria, a la empresa de capital y acumulación individual, imponiéndole tributos sobre la renta que no generan. En el 2001 se impuso pagar el 20% de sus excedentes como aporte a la educación, pero fue la reforma tributaria del 2016 la que dio el puntillazo final. Para entonces ministros y gobierno “mostraban” al país que los supuestos mayores evasores de impuestos eran las cooperativas y las pequeñas entidades solidarias. Los estímulos tributarios a la asociatividad cooperativa y solidaria, en la práctica fueron desmontados, desconociendo que el 90% de estas entidades son micro y pequeñas empresas y cumplen un papel social al reinvertir sus excedentes en sus programas sociales. Para el 2022, figuraban registradas en las Cámaras de Comercio 210 mil entidades sin fines de lucro, mientras tanto, la DIAN, certifica que solo 1400 son
beneficiarias del régimen tributario especial.

Las políticas neoliberales también impactaron las entidades destinadas al fomento y fortalecimiento, supervisión y control del sector cooperativo y solidario. En el caso del anterior Departamento Nacional de la Economía Solidaria -DANSOCIAL-, fue restructurado; de un Departamento Administrativo Nacional adscrito a la presidencia de la república, fue convertido en una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio del Trabajo. Ni la unidad administrativa ha sido fortalecida, ni el Ministerio del Trabajo asume su función de ser el conductor de las políticas públicas para la economía solidaria.

Por su parte, las políticas de supervisión y control también han estado marcadas por sesgos neoliberales; con la crisis financiera de finales de los años 90, el modelo de supervisión y control impuso restricciones a las cooperativas con actividad financiera, se montó un modelo de supervisión fundamentado en el sistema financiero privado y las normas internacionales de Basilea. Cooptada la entidad por políticos tradicionales, fueron frecuentes las denuncias de intervenciones arbitrarias y liquidaciones indebidas.

Desde el Estado, las instituciones educativas, los medios de comunicación, se impuso una narrativa de la competencia, la maximización de la ganancia, un discurso que permeo toda la sociedad, y hay que reconocer autocríticamente también parte de nuestra dirigencia cooperativa. La Ley de educación cooperativa (115 de 1958) fue derogada y reducida a una leve mención en la nueva ley general de educación de 1994. La ideología individualista, disfrazada de ciencia económica y administrativa, se impone en los currículos académicos y en la cotidianidad de la
vida social; el asociado, se vuelve cliente; la cooperativa se vuelve empresa; los excedentes son ganancias y la burocracia gerencial, el sumo de la democracia cooperativa. Las políticas neoliberales implementadas por el Estado colombiano en las últimas décadas contribuyeron a desvirtuar el modelo cooperativo y destruir el capital social entendido como los lazos de confianza, cooperación y solidaridad en
una sociedad.

Ante la actual crisis del modelo de sociedad y economía que nos arrastra hacia el colapso ambiental, profundiza desigualdades y autoritarismos, las economías que colocan al centro la vida (humana y biodiversa), las empresas que contribuyen a una distribución más justa de la riqueza y una administración democrática de la empresa y la sociedad, se convierten en prioridad. Se requiere profundizar las
acciones que desmonten políticas neoliberales ancladas en la mentalidad, normas e instituciones. Se requiere mayores políticas que promuevan y fortalezcan las economías para la vida, las organizaciones solidarias, posibilitando los instrumentos culturales, normativos y sociales para dicho ejercicio.

En el marco del año internacional de las cooperativas 2025, y acogiendo el plan de acción aprobado por la Alianza Cooperativa Internacional -ACI- acordado en Nueva Delhi en noviembre del 2024, como los criterios del comité nacional de coordinación del año internacional de las cooperativas, de la Confecoop, proponemos concertar un Pacto Social por el cooperativismo, que promueva una gran movilización de
la cooperación y la solidaridad, fortalezca y visibilice las cooperativas y establezca compromisos claros con el gobierno nacional y gobiernos territoriales. Dicho pacto podría contener los siguientes elementos:

• Las cooperativas y organizaciones solidarias volcán su conocimiento y experiencia a comunidades y cooperativas nacientes. Si cada cooperativa, entidad auxiliar, universidad, define un grupo comunitario u cooperativa naciente para su formación y acompañamiento, surgirían miles de cooperativas en la sociedad colombiana de la mano con los expertos; las cooperativas existentes. Acaso en el pasado ¿no conformábamos pre cooperativas y tenían una “madrina” que las asesoraba y fortalecía?

• Establecer una campaña comunicativa público-solidaria; a partir de las anteriores acciones visibilizar las experiencias exitosas, los esfuerzos que comunidades y grupos realizan a partir de la cooperación y la solidaridad. La estrategia comunicativa de medios públicos, comunitarios y propios puede tener una incidencia nacional y orientar la narrativa hacia la sociedad colombiana.

• El gobierno nacional profundiza las acciones tendientes a la resolución normativa de las siguientes políticas públicas; 1. El Ministerio de
Educación Nacional -MEN-, expedirá el decreto reglamentario que incorpora la educación cooperativa y en economía solidaria en el sistema educativo nacional, dando cumplimiento a directrices vigentes en la Ley 115 de 1994, Ley 1780 de 2016, Ley 2069 de 2020, que han orientado incluir la formación en economía solidaria en el sistema educativo formal. 2. La superintendencia de la economía solidaria – UPERSOLIDARIA- expedirá el nuevo modelo de supervisión y control justo y eficiente que respete las particularidades del desarrollo cooperativo su labor, tamaño y capacidad y carácter solidario.

3.  Revisar la normatividad que limita y excluye las cooperativas en distintas actividades financieras como de servicios.

En el año internacional de las cooperativas, no podríamos dejar de saludar y reconocer los liderazgo y organizaciones que a pesar de las diversas dificultades afrontadas en décadas de exclusión, no han dejado de soñar y construir, demostrando que el cooperativismo, cuando se implementa correctamente, es una alternativa para el logro de mayores niveles de equidad, justicia, armonía con el ambiente y una distribución más equitativa de la riqueza. En este 2025, hagamos realidad un pacto social por el cooperativismo.

Santiago de Cali, enero de 2025.