Senado y Cámara aprueban en segundo debate presupuesto de 2023
El Congreso de la República aprobó en segundo debate el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2023. El monto aprobado asciende a $405,6 billones (27,7% del PIB), con un aumento de 15,1% frente a 2022.
Así, las plenarias de Senado y Cámara de Representantes avalaron esta iniciativa con una votación mayoritaria, lo que evidencia los consensos alcanzados alrededor de su monto, composición, fuentes de financiación y disposiciones complementarias.
De acuerdo con el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, el PGN 2023 será la carta de navegación financiera del Gobierno nacional para el próximo año, de cara a los retos postpandemia que afronta el país en materia económica y social, en un entorno internacional complejo, caracterizado por la persistencia de la inflación mundial, la desaceleración de la actividad económica, la elevación de las tasas de interés y la aversión al riesgo financiero hacia economías emergentes.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, destacó como se fortaleció la inversión social.
Gracias a la adición propuesta por el Ministro Ocampo ($14,2 billones), el presupuesto de inversión pasará de $69,6 billones en 2022 a $74,02 billones en 2023, con un crecimiento nominal de 6,3%. Sin la adición, la inversión habría caído 10% al ubicarse en $62,8 billones.
Los recursos de la adición, concertados con los sectores y recogiendo iniciativas en el debate en el Congreso, permiten iniciar la ejecución del programa de gobierno “Colombia potencia mundial de la vida”, al apoyar la transición del país hacia una economía productiva cimentada en la paz, la justicia social y la justicia ambiental reiteró el funcionario.
Es así como estos dineros se destinarán a fortalecer las transferencias monetarias dirigidas a la lucha contra el hambre; cubrir faltantes en subsidios de gas y electricidad; fomentar la seguridad alimentaria mediante la producción agropecuaria; mejorar el mantenimiento de vías y caminos vecinales; preservar el medio ambiente; progresar en materia de infraestructura en educación; y cerrar brechas digitales y optimizar el acceso a telecomunicaciones en regiones apartadas.
Así mismo, los recursos irán a ciencia, tecnología e innovación; a sustituir cultivos e implementar programas de paz en las zonas de conflicto; y a cubrir faltantes de gasto en otros programas sociales y productivos de diversos sectores, en especial ciencia, cultura y deporte.
El gasto adicional también permitirá evitar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las mesadas pensionales y de los aportes nacionales a las universidades públicas por cuenta de la inflación, que en agosto llegó a 10,84%, su nivel más alto desde 1999.
La financiación del presupuesto aprobado mantiene el déficit y el endeudamiento dentro de los niveles compatibles con el cumplimiento de la regla fiscal. El mayor crecimiento del PIB, junto con los esfuerzos de gestión de la DIAN, permitirán aumentar el recaudo tributario en 2022 y de este modo ampliar la base del recaudo para 2023.
Entre tanto, la desaceleración del PIB, prevista para 2023, de acuerdo con la regla fiscal, permite un mayor espacio de gasto fiscal en dicho año. La reducción de la inversión pública prevista en el proyecto de presupuesto radicado por la administración anterior ahondaría la desaceleración económica en detrimento de la generación de empleo. Situación que resulta contraría a los mandatos de la Ley 1473 de 2011 y el artículo 60 de la Ley 2155 de 2021 que la modificó, pues estas normas propenden porque la inversión pública no disminuya cuando el crecimiento económico decae.
Así las cosas, Ocampo reiteró que el PGN se financiará con ingresos corrientes que, sin contar los recaudos de la reforma tributaria, crecerán por cuenta de la gestión de la DIAN, recursos de capital provenientes de los dividendos de Ecopetrol, empréstitos internos y externos, y recursos propios de los establecimientos públicos.
