La Ley de Rescate es el segundo paso del ajuste fiscal exigido por el FMI a Colombia
Por*Sara Margarita Osorio Arias Y **Miguel Angel Rodríguez Camacho
* Economista e investigadora ** Director de Investigacione Cedetrabajo.
El gobierno de Abelardo de la Espriella radicó el 29 de octubre la Ley de Rescate Económico, segundo paso de la estrategia iniciada con el Presupuesto de 2027 y que continuará con el Plan Nacional de Desarrollo. Normas todas orientadas a ajustar la economía del país a cumplir con los mandatos de ajuste fiscal del Fondo Monetario Internacional.
El proyecto de ley contempla un ajuste fiscal cercano a 50 billones de pesos en 2027, recortes de contratación estatal, mayores impuestos al consumo y al trabajo, y facilidades para privatizar activos públicos. Simultáneamente, reduciría la renta empresarial del 35% al 31% desde 2028.
Además, propone el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), semejante al RIGI argentino, con tarifas preferenciales de renta del 20% para determinados grandes proyectos y estabilidad tributaria durante 16 años. Estos incentivos adquieren especial relevancia respecto a los Memorandos de Entendimiento sobre la explotación de minerales críticos firmados entre Omar Bula, Canciller de Colombia y Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, el pasado mes de septiembre en Barranquilla.
Una investigación de La Silla Vacía y Ojo Público Perú reveló que los memorandos suscritos con Colombia y Perú en el marco del Escudo de las Américas buscan facilitar las inversiones estadounidenses en minerales estratégicos, agilizar permisos mineros y establecer mecanismos de acceso preferencial. Washington pretende asegurar recursos estratégicos y limitar la presencia china en la región, mientras mantiene aranceles que perjudican a los productores latinoamericanos.
China controla la extracción y procesamiento de metales críticos y tierras raras, cobre, litio, níquel, cobalto, grafito, tungsteno, galio, germanio entre otros y el 90% de su refinamiento. Para contrarrestar esa situación, Estados Unidos ha firmado memorandos de entendimiento y convenios de cooperación sobre minerales críticos con Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Paraguay y la República Dominicana, además de alianzas similares con países africanos.
El papel del Fondo Monetario Internacional
En este escenario debe examinarse el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los principales instrumentos de condicionamiento económico empleados por el gobierno estadounidense. Washington concentra cerca del 16,5 % de sus votos y puede vetar decisiones fundamentales. El organismo promueve austeridad y disciplina fiscal en un contexto en el cual los desequilibrios estadounidenses, sus guerras y su política comercial contribuyen a encarecer el financiamiento y agravar las dificultades económicas de los países que adoptan sus medidas.
Las decisiones del FMI obedecen también a los intereses geoestratégicos estadounidenses. En 2025, el FMI aprobó un programa de 20.000 millones de dólares a la Argentina para apoyar los planes económicos del presidente Milei, lo cual, si bien consolidó la influencia norteamericana en el cono sur del continente, produjo la paradoja de afianzar los lazos comerciales de argentina con China y la dependencia del Banco Popular de Beijing para asegurar el pago de la deuda con el FMI.
En Pakistán, el 7 de octubre el Gobierno alcanzó un acuerdo técnico con el FMI por 1.210 millones de dólares. El acuerdo refleja el impacto de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y la consecuente alza en los precios del petróleo. El FMI condiciona los desembolsos a un programa de ajuste fiscal, introducir reformas al sector energético, empezando por el retiro de los subsidios a los combustibles lo que inevitablemente encarecerá el costo de vida de la población.
En Colombia, el ajuste propiciado por el FMI profundiza un modelo económico de libre mercado que en particular con el TLC con Estados Unidos debilitó la industria y el agro, traslada sus costos a los trabajadores y a los sectores populares y ofrece privilegios al gran capital multinacional.
Si se aprueba la Ley de Rescate presentada por el gobierno al Congreso de la República, se puede pronosticar que los sectores de la población de bajos ingresos y la clase media serán duramente golpeados con los aumentos en impuestos, especialmente del IVA. La educación pública agravará su estado de desfinanciación, El aumento en las cotizaciones y del gasto de bolsillo en salud afectará aún más la calidad y oportunidad de la prestación de servicios y del acceso a medicamentos.
En el contexto de la ofensiva geopolítica estadounidense, la controversia no se limita al déficit fiscal, también comprende la capacidad de Colombia para decidir autónomamente su política económica y orientar sus recursos hacia el desarrollo nacional.
