Agua para todos: el modelo cooperativo que lleva el servicio a donde ni el Estado ni el mercado llegan

2.200 millones de personas carecen de acceso a agua potable segura y 3.400 millones no tienen saneamiento adecuado. El informe de la ACI y el COPAC revela cómo las cooperativas de agua gestionan servicios en zonas rurales y periurbanas donde los modelos convencionales han fracasado.

Por: Gestión Solidaria 

El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano fundamental, pero a cinco años de la meta de 2030, el mundo está muy lejos de alcanzarlo. Según el capítulo dedicado al ODS 6 en el informe «Construir juntos un mundo mejor», elaborado por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y el COPAC, solo el 74% de la población mundial tiene acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura, el 58% a saneamiento seguro y el 80% a instalaciones básicas de higiene.

Las cifras son contundentes: aproximadamente 2.200 millones de personas carecen de agua potable segura, 3.400 millones no disponen de saneamiento seguro y 1.700 millones no tienen servicios básicos de higiene. A esto se suma que solo el 58% de las aguas residuales domésticas se gestiona de forma segura, lo que provoca grandes vertidos sin tratar en ríos, lagos y ecosistemas costeros.

El informe identifica un obstáculo clave: «Aunque ya existen soluciones tecnológicas para muchos de estos desafíos, los principales obstáculos son cada vez más de carácter institucional y no técnico». La fragmentación de los sistemas de gobernanza, una financiación insuficiente y mal coordinada, las limitaciones a la titularidad local y la escasa participación de las partes interesadas siguen dificultando su aplicación.

La diferencia cooperativa

Frente a este panorama, las cooperativas de agua emergen como una respuesta probada. El informe subraya que su fortaleza «reside en su capacidad para combinar la titularidad de la comunidad con una prestación profesional de los servicios». Dado que las personas son usuarias y propietarias a la vez, las inversiones se destinan a la calidad del servicio, la asequibilidad y la sostenibilidad a largo plazo, y no a generar rentabilidad para accionistas.

«A diferencia de los modelos convencionales, que a menudo no llegan a asentamientos rurales dispersos, comunidades periurbanas y poblaciones desatendidas, las cooperativas están integradas en las comunidades a las que prestan servicio. Sus estructuras de gobernanza democrática permiten que la población local participe directamente en la planificación, la financiación, la gestión y el seguimiento de los servicios», señala el documento.

Casos que transforman realidades

El informe recoge experiencias concretas en distintas partes del mundo que demuestran el impacto del modelo cooperativo en el acceso al agua y saneamiento.

En Bolivia, la Cooperativa de Servicios Públicos de Santa Cruz (SAGUAPAC), fundada en 1979, presta servicios de agua potable y saneamiento a más de 1,9 millones de personas. Gracias a un modelo de gobernanza democrática y a la supervisión de sus miembros, alcanza niveles de calidad y cobertura comparables, e incluso superiores en muchos casos, a los de numerosas empresas públicas y privadas de América Latina. «Su modelo ha mejorado la salud pública, ha impulsado el desarrollo económico de una de las zonas urbanas de mayor crecimiento de Bolivia y ha contribuido de forma significativa al logro de las metas 6.1 y 6.2 de los ODS», destaca el informe.

En Finlandia, más de 1.400 cooperativas hídricas prestan servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales a comunidades rurales situadas fuera del alcance de las empresas municipales. Muchas han evolucionado hasta convertirse en proveedores profesionales que abastecen a municipios enteros, atendiendo en algunos casos hasta al 99% de la población local. Su éxito se ha visto favorecido por una legislación propicia, una buena asistencia técnica y redes cooperativas como la Asociación Finlandesa de Cooperativas de Agua (SVOSK).

En Dinamarca, unas 2.500 cooperativas de agua que pertenecen a sus consumidores prestan servicio a pequeñas localidades y zonas rurales, frente a algo más de un centenar de empresas municipales que atienden a los grandes núcleos urbanos. Su federación nacional, Danske Vandværker, presta apoyo técnico, jurídico, financiero y de gestión.

En Chile, la Federación de Cooperativas de Servicios Sanitarios (FESAN) presta apoyo a decenas de cooperativas asociadas que, en conjunto, prestan servicios de agua y saneamiento a más de 60.000 personas en comunidades rurales y semirrurales. Tras los graves terremotos y desastres naturales, las cooperativas se pusieron de acuerdo para reconstruir las infraestructuras dañadas, reforzando la resiliencia de estas comunidades.

En Costa Rica, la cooperativa de electrificación rural Coopesantos R.L. ha adquirido y protegido unas 237 hectáreas de terreno circundante a fuentes hídricas esenciales para el abastecimiento de más de 33.000 habitantes. También ha coordinado la plantación de más de 60.000 árboles en torno a manantiales y zonas de carga de acuíferos.

En India, la iniciativa Paani Samitis (comités del agua) en el marco del proyecto Jal Jeevan del Gobierno se encarga de la explotación y el mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable por tubería en las aldeas. Los datos del Gobierno revelan que el número de PACS designadas para gestionar sistemas rurales de abastecimiento de agua pasó de 596 en seis estados durante la fase inicial a 1.381 en 12 estados en 2023, y alcanzó las 1.833 en 16 estados en 2024.

En India, la cooperativa SWaCH, autogestionada por más de 4.000 personas recicladoras, presta servicios de recogida puerta a puerta a un millón de hogares y recupera y recicla cerca de 83.000 toneladas de residuos al año. «Reduce significativamente la contaminación ambiental y evita que esas grandes cantidades de residuos acaben en ríos, arroyos y vertederos», señala el informe.

En Etiopía, la Unión de Cooperativas de Caficultores de Oromía ha reinvertido los ingresos derivados de la comercialización del café en la construcción de 56 puntos de suministro de agua potable que prestan servicio a comunidades caficultoras. Estas inversiones han reducido el tiempo que mujeres y menores dedican a recoger agua, han mejorado las condiciones de salud pública y han incrementado la asistencia escolar.

Las barreras que persisten

A pesar de estos logros, el informe advierte que las cooperativas de agua «siguen estando infrautilizadas en los proyectos nacionales y mundiales para alcanzar el ODS 6». Sus límites no los pone el propio modelo cooperativo, sino «unas barreras jurídicas, financieras, institucionales y de información que les impiden operar, crecer y atraer inversiones en igualdad de condiciones con los proveedores públicos y privados».

El informe identifica seis obstáculos principales:

1. Reconocimiento jurídico limitado. En muchos países, la legislación sobre agua y saneamiento no reconoce expresamente a las cooperativas como prestadoras de servicios aptas. La legislación cooperativa suele estar desfasada o desvinculada de la normativa sectorial.

2. Acceso limitado a financiación. Las infraestructuras de agua requieren importantes inversiones iniciales y financiación a largo plazo, pero la mayoría de los mecanismos están diseñados para grandes empresas de servicios públicos o sociedades de capital.

3. Obstáculos en la contratación pública. Los requisitos de licitación suelen basarse en umbrales de volumen de negocio y dimensiones que resultan difíciles de cumplir para las empresas de propiedad colectiva.

4. Limitaciones de capacidad. Muchas cooperativas operan eficazmente a pesar de tener un acceso limitado al apoyo técnico, la formación y los servicios profesionales.

5. Exclusión de la gobernanza del agua. Las cooperativas suelen quedar excluidas de las estructuras formales de gobernanza del agua, lo que limita sus posibilidades de aportar conocimientos locales e influir en las decisiones políticas.

6. Lagunas de datos e invisibilidad estadística. La mayoría de los sistemas de seguimiento no distinguen a los proveedores por su modelo de propiedad o de gobernanza, lo que impide cuantificar adecuadamente la contribución de las cooperativas.

Siete recomendaciones para avanzar

El informe formula siete recomendaciones clave para que los gobiernos, los socios para el desarrollo y las instituciones financieras aprovechen el potencial de las cooperativas en la consecución del ODS 6:

1. Establecer marcos jurídicos y normativos favorables. Los gobiernos deben revisar y modernizar la legislación sobre agua, saneamiento y gestión de residuos, así como la legislación cooperativa, para reconocer expresamente la aptitud de las cooperativas para la prestación de servicios y la gobernanza del agua.

2. Ampliar el acceso a financiación e inversión. Los gobiernos, bancos de desarrollo, donantes e inversores de impacto deben diseñar mecanismos de financiación específicos que se adapten a las necesidades de las empresas cooperativas, incluyendo financiación combinada, fondos de garantía y préstamos en condiciones favorables.

3. Reformar los mecanismos de contratación pública. Deben adaptarse los sistemas de contratación para reconocer las características específicas de las empresas de propiedad colectiva, creando contratos de menor tamaño, modalidades específicas para proveedores comunitarios y criterios de evaluación que valoren el impacto social.

4. Reforzar la capacidad técnica y los sistemas de apoyo. Invertir en desarrollo de capacidades es esencial para que las cooperativas puedan cumplir unos requisitos técnicos, ambientales y normativos en constante evolución.

5. Garantizar la representación de las cooperativas en la gobernanza del agua. Las cooperativas deberían ocupar un lugar formal en los procesos de gobernanza del agua y de toma de decisiones.

6. Visibilizar las contribuciones cooperativas en el seguimiento de los ODS. Los sistemas nacionales y mundiales de seguimiento deben reconocer y medir la contribución de las empresas cooperativas al ODS 6.

7. Promover a las cooperativas como aliadas para la resiliencia climática. Conforme el cambio climático incrementa la presión sobre los recursos de agua dulce, los gobiernos deben aprovechar la capacidad de las cooperativas para proteger las cuencas hidrográficas y adaptarse al cambio climático.

El informe cierra su capítulo sobre el agua con una reflexión contundente: «Las barreras que limitan la participación de las cooperativas en la aplicación del ODS 6 no son inevitables desde el punto de vista estructural; son decisiones políticas que pueden cambiarse».

«El reconocimiento jurídico facilita la contratación y la inversión. El acceso a la financiación favorece la expansión y la innovación. El desarrollo de capacidades mejora la calidad de los servicios. La representación en los mecanismos de gobernanza garantiza que las políticas nacionales estén guiadas por experiencias locales. Una mejor información visibiliza y permite financiar las contribuciones de las cooperativas. En conjunto, estas medidas generan el entorno propicio que las cooperativas necesitan para sacar el máximo partido a su potencial».

En un mundo donde millones de personas siguen sin acceso a agua potable y saneamiento, ignorar el potencial del modelo cooperativo sería un lujo que ningún país puede permitirse.