Estas son las propuestas de Jarrison Martínez candidato del cooperativismo al Senado por el Pacto Histórico
En próximos días, los ciudadanos y ciudadanas decidiremos sobre el destino de nuestra patria, eligiendo el Congreso de la República y al futuro presidente de Colombia. Por ello, quienes promovemos una economía más justa, solidaria y ambientalmente responsable y acogiendo el mandato que en distintos momentos nos han entregado, le proponemos a la bancada progresista que resulte electa y al candidato presidencial Iván Cepeda Castro, un PACTO POR LAS ECONOMÍAS PARA LA VIDA que en el marco de las tres revoluciones propuestas, desarrolle una agenda legislativa e incorpore en el programa de gobierno las siguientes acciones tendiente a profundizar la democracia, las reformas sociales y el cambio del modelo económico neoliberal.
1. Una revolución cultural que promueva “una educación desde y para la cooperación y la solidaridad”.
No hay cambio social sin revolución cultural. El neoliberalismo impuso una cultura profundamente individualista que se replica en la educación, las comunicaciones, la vida cotidiana y la economía; el individualismo es el “alma” del neoliberalismo.
En el sistema educativo colombiano, tras el discurso de una cultura del emprendimiento y la empresarialidad se impuso una narrativa que enaltece el individualismo, promueve la avaricia y justifica los negocios sin responsabilidad social y ambiental. A pesar que existen normas que orientan una educación “para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos” (Ley 115 de 1994), o que orientan la formación en economía solidaria y en emprendimiento solidario (Ley 1780 de 2016, 2069 de 2020), ello no se ha implementado.
La revolución ética y ciudadana que propone Iván Cepeda requiere una revolución educativa, en la que, además de la infraestructura y las ciencias de vanguardia, retomen su lugar las humanidades y las Ciencias Sociales, y en la que la solidaridad y la cooperación sean los nuevos valores que forman nuestra niñez y juventud, proponemos: • UNA REFORMA A LA EDUCACIÓN. Le preponemos a la bancada electa, al magisterio colombiano y al movimiento estudiantil avanzar en una reforma educativa que coloque los valores humanistas y las economías para la vida en el centro de la formación “una educación desde y para la cooperación y solidaridad” es la clave para la revolución ética.
2. La revolución política es más democracia; más poder al constituyente. La democracia no es solo el derecho a elegir y ser elegidos, o la toma de decisiones por las mayorías, la simple decisión no basta. La democracia es ante todo una cultura que apuesta por la vida, la libertad, los derechos, la justicia, la equidad y la paz.
Expresa el politólogo Norberto Bobbio, que, una vez logrados los derechos universales al voto, nos damos cuenta que la esfera política es parte de una esfera mayor: la de la sociedad en su conjunto, y que no hay decisión política que no esté condicionada o incluso determinada por lo que sucede en la sociedad civil. Entonces nos percatamos de que una cosa es la democratización del Estado, y otra, la democratización de la sociedad, en la cual la mayor parte de sus instituciones: la familia, la escuela, la empresa, el partido, la organización social, no son gobernadas democráticamente. De ahí la pregunta: ¿Es posible la sobrevivencia de un Estado democrático en medio de una sociedad no democrática?
En la sociedad colombiana se impuso una cultura antidemocrática, los partidos e instituciones capturadas por clientelas y políticos corruptos atrofiaron la formación y participación democrática de la ciudadanía, por lo que se requiere una reforma política que democratice los partidos, el sistema electoral, que fortalezca el poder del constituyente y democratice la vida social y económica. Por lo cual proponemos:
• REFORMA POLÍTICA que restructure el sistema electoral, los partidos políticos y amplíe la participación directa de la ciudadanía, sus movimientos y organizaciones
sociales en la vida política del país.
• LEY DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. En todas las instituciones públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, regional o municipal, se consulte a la ciudadanía sobre la inversión de los recursos públicos. Que la ciudadanía decida en qué se invierten los recursos y ejerza su veeduría.
3. La revolución económica es la economía para la vida. El neoliberalismo es una economía de muerte; promueve la concentración de la riqueza condenando a millones de personas a la pobreza y el hambre; fomenta las industrias que atentan contra la vida; destruye la naturaleza promoviendo un consumo depredador. Ante esta economía, han surgido alternativas que priorizan la vida, la sostenibilidad ambiental, el reparto justo de la riqueza, los valores humanistas y democráticos. Llamadas de diversas formas: economía popular, social, solidaria, comunitaria, cooperativa, del bien común, del cuidado, agroecológica, economías propias, etc., en síntesis, economías para la vida.
En Colombia cerca de 4000 cooperativas, fondos de trabajadores y grupos financieros solidarios asocian 7,2 millones de personas, con sus pequeños aportes y ahorros han construido un sistema financiero solidario. Más de 68 mil Juntas de Acción Comunal, la mayor organización vecinal del país, contribuyen a resolver problemáticas en las comunidades. Los medios comunitarios llegan a 10 millones de colombianos, sin embargo, políticas del MinTic entregaron el 90% del espectro electromagnético a las grandes corporaciones.
La organización campesina, debilitada por la violencia, el desplazamiento y asesinato de líderes sociales, hoy se hace fundamental para la reforma y revolución agraria. Las economías propias o comunitarias de comunidades indígenas y afrodescendientes siguen esperando el reconocimiento y protección de la sociedad colombiana. Y en las ciudades, una amplia red de organizaciones de economía social, ejerce la solidaridad y defensa de los derechos de distintas poblaciones; mujeres, jóvenes, artesanos, ambientalistas, animalistas, comedores comunitarios, población con discapacidad, adulto mayor, etc. Sin embargo, reformas tributarias y otras normas les han desestimulado.
Según el DANE (2025), el 94.3% de las empresas formalizadas son Micro y pequeñas; el 58.3% de la fuerza laboral ocupada está en la informalidad. La encuesta de micronegocios (Emicron) identifica 5.188.402 micronegocios, es decir, la economía popular es una importante fuerza productiva que complementada con mecanismos solidarios financieros, de producción o comercialización, incrementarían la productividad y bienestar de sus participantes. A pesar que la Constitución Nacional orienta; “El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad…” (Artículo 58, C.N), las políticas neoliberales implementadas han desestimulado y destruido la asociatividad solidaria; se impusieron normas que limitan su desarrollo, se implementaron modelos de supervisión y control que desnaturalizan su carácter solidario y se debilitaron las políticas e instituciones para su fomento y fortalecimiento, por lo cual, proponemos:
• Democratizar el sistema financiero colombiano. Se requiere una reforma a las normas que regulan el sector financiero y que limitan la actividad financiera de las
organizaciones cooperativas, solidarias y de las comunidades. Al tiempo, se requiere fortalecer la BANCA PÚBLICA al servicio del trabajo y la ciudadanía.
• Establecer estímulos tributarios para las organizaciones solidarias. Anteriores reformas tributarias despojaron de estímulos tributarios al emprendimiento cooperativo y solidario. Trabajaremos por restablecer los estímulos tributarios a la asociatividad solidaria y comunitaria que demuestre la inversión de sus excedentes en sus programas sociales.
• Revolución agraria; con organización campesina, cooperativa y solidaria. Garantizando los derechos de las familias agricultoras, el acceso a la tierra, el crédito, la tecnología, el comercio justo, el fortalecimiento de la producción con cooperativas agroindustriales, prácticas agroecológicas y regenerativas, seguridad y soberanía alimentaria.
• Reforma a la Ley 80 de contratación pública. Se requiere reformar la Ley 80 de 1993 de contratación pública y normas complementarias para democratizar la contratación pública. Que la economía popular, solidaria y comunitaria realmente pueda contratar con el Estado.
• Ley de comunicaciones. Promoveremos una ley nacional de comunicaciones que democratice el uso del espectro electromagnético, fortalezca las comunicaciones
públicas y comunitarias, facilite los recursos económicos y tecnológicos y proteja como patrimonio de interés común los medios de comunicación comunitarios.
• Proponemos una nueva arquitectura institucional para el fomento, fortalecimiento y protección de las economías para la vida, Una reforma a la Ley 454 de 1998 que permita la actualización conceptual, la reestructuración institucional y levantar barreras al modelo cooperativo. Proponemos crear el Ministerio de las Economías para la vida y la solidaridad, capaz de orientar las políticas públicas para el fomento, fortalecimiento y protección de la economía social, solidaria, popular y comunitaria
• Fomentar la creación del sistema público territorial de apoyo a las economías para la vida. En cada municipio y departamento deben definirse políticas públicas territoriales, para la economía solidaria, popular y comunitaria, que fortalezcan el desarrollo local y territorial.
Revisión del modelo de supervisión y control de la economía solidaria. Las políticas de supervisión y control para el sector solidario impusieron modelos propios del sistema financiero neoliberal, lo que desestimula el desarrollo de las organizaciones cooperativas y solidarias. Trabajaremos para que se revise el modelo de supervisión y control, definiendo una política acorde con la naturaleza solidaria de estas entidades y considerando su nivel de desarrollo.
JARRISON MARTINEZ C
CANDIDATO SENADO PACTO HISTÓRICO
Organizaciones cooperativas y solidarias que respaldan dicha candidatura
