Banco Mundial y FMI reconocen equilibrio de la Reforma Tributaria
Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social
Por: Gonzalo Hernández (Viceministro Técnico de Hacienda y Crédito Público)
El apoyo que recibió la reforma tributaria del gobierno Petro en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) reconoce la forma sensata en la que la política económica está balanceando dos objetivos: 1. contar con recursos adicionales para atender las demandas sociales y 2. responsabilidad fiscal.
No puede olvidarse que el primer objetivo, claro mandato popular, consiste en el fortalecimiento de la democracia, dándole mayor legitimidad, mejorando el bienestar de una sociedad con altos niveles de pobreza y desigualdad. Tampoco hay que perder de vista que este objetivo es un insumo clave para la estabilidad institucional y, por lo tanto, para el crecimiento económico sostenido, la rentabilidad empresarial y una generación más dinámica de empleo.
Asimismo, la responsabilidad fiscal garantiza que la atención de esas demandas sociales pueda ser sostenible.
Estos dos objetivos se presentan en medio de un entorno internacional recio, que está apretando el financiamiento de las economías emergentes y en desarrollo. El mundo pasó de una etapa de bajas tasas de interés internacionales –para lidiar con la pandemia– a una de financiamiento costoso, resultado de la normalización monetaria para enfrentar el fenómeno inflacionario global.
De esta manera, como se discutió en las reuniones del FMI y BM, es necesario contar con una reforma tributaria, que amplíe el espacio para el gasto público social, “la protección del capital humano en medio de una crisis alimentaria global”, asegurando a la vez la estabilidad macroeconómica y fiscal.
Con la magnitud de la reforma, cercana a 1,5% del PIB, llegamos al nivel promedio de recaudo tributario de América Latina y el Caribe. Y vale la pena recordar que el Gobierno espera obtener ese recaudo con progresividad –buscando que seamos las personas de más altos ingresos y riqueza las que aportemos más– y aprovechando la capacidad contributiva de sectores que han tenido muy altas utilidades recientemente (sector minero-energético). Adicionalmente, se eliminarán beneficios tributarios injustificados, sin descuidar aquellos claves: la vivienda de interés social, el agroturismo en zonas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), las donaciones a bancos de alimentos o la tarifa de renta para las empresas en zonas francas que cumplan con un plan de internacionalización, por mencionar algunos ejemplos.
La premisa crucial de la progresividad se ha mantenido. Desde el principio, el ministro Ocampo se comprometió con que ningún colombiano con ingresos inferiores a 10 millones de pesos mensuales pagaría más en impuestos de renta. El texto aprobado en primer debate del Congreso, además de cumplir con el compromiso, logra que 2 de cada 3 pesos del recaudo adicional del impuesto de renta a personas naturales sean pagados por aquellos con ingresos superiores a 20 millones de pesos mensuales. Fueron muy oportunas, por cierto, las proposiciones de los congresistas, que hicieron que el proyecto de ley tuviera presentes los gastos en los que incurren los contribuyentes que tienen dependientes.
Esta reforma le permitirá al Gobierno, además de financiar programas sociales, contar con los recursos para sentar las bases de temas estratégicos como el fortalecimiento del sector agrícola –para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural–, los programas de paz, la economía popular y el desarrollo productivo con diversificación exportadora –para mejorar la productividad, el empleo y el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos–. Se trata de un proyecto de país que debe unir los esfuerzos y capacidades de los sectores público, privado y comunitario.
La reforma sigue adelante, nutrida por un diálogo amplio, muestra de la concertación y cohesión que necesita el país para seguir avanzando.
