Superintendente Lozano Pardo, responde a las afirmaciones del Presidente Ejecutivo del gremio, Miller García

En el marco del XIX Congreso Nacional de Fondos de Empleados

COMUNICADO DE PRENSA

Bogotá, septiembre 25 de 2020. “La actual administración se fijó como propósito hacer cumplir la regulación existente, como corresponde a nuestras funciones de ente de supervisión, siendo esta la única forma de hacer que el sector mejore y genere confianza, condiciones necesarias para que se consolide su crecimiento. Esta acción de una mejor y más completa  supervisión,  ha dado la impresión en el sector fondista que tenemos nuevas normas y no: hay normas que datan de hace 5, 8 y 12 años, pero hay que decirlo con claridad,  son normas que no se venían cumpliendo adecuadamente y esto ha dado la impresión en el director del gremio fondista que son nuevas normas”; así lo manifestó el Superintendente Ricardo Lozano Pardo,  durante la Rueda de Prensa convocada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, una vez se conoció la declaración del presidente ejecutivo de Analfe, Miller García Perdomo,  durante la Instalación del XIX Congreso Nacional de Fondos de Empleados.

Frente a lo dicho por el presidente de Analfe en el sentido que la actual coyuntura económica y social generada por la pandemia, “nos ha proporcionado enormes sin sabores  por la incomprensible avalancha de normatividad y especialmente los requerimientos del ente de supervisión, la Superintendencia de la Economía Solidaria”, el Superintendente aclaró  que: “Dentro de nuestra gestión de supervisión, al hacer exigible que cumplan con rigurosidad la normatividad existente, y no solo la que hemos emitido recientemente con motivo de la pandemia, la dirección del gremio se sorprende argumentando que en los requerimientos hay nueva normatividad y no es cierto; además, lo afirmado por el señor García se fundamenta en percepciones que no cuenta con evidencia. Por el contrario, en la Superintendencia sí tenemos claridad que hemos venido aplicando ocho normas que cubren a los Fondos de Empleados, y nos complace decir que han sido suficientes para ejercer nuestra responsabilidad frente al deber de supervisión y en especial en la última etapa de pandemia, momento que nos exige intensificar la supervisión para evitar consecuencias indeseables que arriesguen la estabilidad financiera del sector; lo anterior  implica tener una mejor y efectiva supervisión, para que desde el ente de control hagamos notar a las entidades que vigilamos las  posibles imprecisiones que se están cometiendo al no cumplir adecuadamente la normatividad existente. Entonces, en la medida en que las entidades supervisadas no están cumpliendo con rigurosidad la norma, es de ahí de donde se derivan los pocos o muchos requerimientos que se hacen en algunas entidades, no en todas, cabe advertir, lo cual conlleva a concluir que en particular esas entidades presentan varias deficiencias en el cumplimiento de la regulación, y no es otra la razón por la cual se presentan esas situaciones, pero se ha querido presentar esto como una generalidad dentro del esquema de supervisión, lo cual no es cierto.”

“Actualmente la Superintendencia de la Economía Solidaria viene haciendo un acompañamiento a las entidades supervisadas para que ellos hagan un proceso de mejoramiento, y se precisa que antes de eso no hay sanciones. Ahora, si la entidad persiste en no hacer bien las cosas, nos corresponde aplicar las normas que rigen el incumplimiento reiterativo, al igual que ocurre en todo órgano de supervisión”, añadió el Superintendente.

Se afirma  por parte  de Miller García, que el sector fondista no puede aceptar que se limite la libre empresa como un derecho constitucional, sugiriendo que desde la  Superintendencia de la Economía Solidaria  así se está haciendo, a lo cual el Superintendente aclaró: “Se considera que la visión del señor García no es adecuada porque olvida que la actividad de intermediación financiera, que es la actividad principal de los Fondos de Empleados según sentencia del Consejo de Estado, es de hecho una actividad regulada por el Estado y en esa condición la libertad de empresa no es absoluta. Como apoyo a este planteamiento, la Corte Constitucional ha señalado, al referirse específicamente a la actividad financiera, lo siguiente:

«No se olvide que la actividad de intermediación financiera, en el estado social de derecho, supone responsabilidades; y tiene una función social que implica obligaciones, lo que sencillamente significa que su libertad, lejos de ser absoluta o de hallarse exenta de controles e intervenciones, está marcadamente restringida y dirigida por el Estado.”.

Entonces, lo que se quiere significar con esto es que lejos de estar atentando contra alguna norma constitucional, lo que busca la Superintendencia es aplicar a cabalidad las normas que nos rigen, y en ninguna circunstancia se puede decir que estamos irrespetando la libertad de empresa, porque nuestra actividad de supervisión se encuentra regulada por la Ley y la Constitución”.

Según el presidente del gremio de Fondos de Empleados “El concepto de supervisión por riesgos debe reflejarse en las actividades de la Superintendencia pues no tiene sentido que se degaste la propia entidad como las propias organizaciones supervisadas, en estos casos los fondos de empleados, obligados a dar respuesta a innumerables requerimientos en un horizonte de tanto solo 5 meses”. Al respecto se aclara y se precisa: “La Superintendencia de la Economía Solidaria sigue aplicando el modelo de supervisión por cumplimiento, suficientemente conocido, y lo hemos complementado con el modelo de supervisión por riesgos que es un avance en el proceso de supervisión, pero claramente el primero no ha desaparecido de nuestras actividades diarias, sino que lo hacemos de manera complementaria y así se mejora la eficiencia y eficacia de nuestras funciones y así lo seguiremos desarrollando”, explica el Superintendente.

Otro frente de discrepancia planteado por el Presidente de Analfe hace referencia a la normatividad en época de pandemia, en particular,  con las normas de la Circular 11 y 17 , las cuales han generado muchas inquietudes y comentarios en la dirección del gremio asignándole  un calificativo bastante desobligante  al decir que se está improvisando al interior del ente de control , a lo cual el Superintendente observó lo siguiente:  “Debo ser claro con todo el sector solidario que si hay algo que nosotros no incurrimos es precisamente en la improvisación.  Hemos desarrollado suficientes herramientas tecnológicas que nos han permitido conocer a fondo cada una de las entidades que supervisamos y en esa medida sabemos exactamente cuál es la caracterización propia de cada segmento del sector y de cada entidad supervisada y naturalmente en los fondos de empleados es lo que ha venido ocurriendo. La expedición de la Circular 17 fue el resultado de una evaluación hecha a la aplicación de la Circular 11, en la que claramente se solicitó que se hicieran evaluaciones individuales para otorgar los alivios de cartera a los deudores, evitando que esta acción se hiciera de manera masiva, que fue lo que a la postre ocurrió, sin que la entidad otorgante de los alivios tuviera ninguna consideración de los riesgos asumidos. Por esa razón, se solicitó que se reflejara en los estados financieros esos riesgos que se asumían y si de esto se deriva la constitución de provisiones, son hechos que no deben ser imputados a la Superintendencia, pues las decisiones crediticias adoptadas son ejercidas de manera autónoma por cada fondo de empleados, en este caso concreto. En la actual coyuntura la cartera con libranza no tiene una garantía absoluta como lo plantea el dirigente gremial, toda vez que su recaudo depende del ente patronal que hace el pago y dado que hay expectativas inciertas relacionadas con la sostenibilidad de estos entes patronales, claramente se concluye, sin mucho análisis profundo, que una parte (mucha o poca,…no es claro aún) de esa cartera, puede estar en riesgo de siniestralidad, lo cual deja ver la relatividad de la garantía de la que se habla en la Presidencia de Analfe. El total de cartera con y sin libranza asciende al 81% y en esa medida podemos entender la razonabilidad de la circular 17, sobre todo en la necesidad de revelar los riesgos asumidos y procurar que haya claridad en la información contable. A eso me refiero con las Circulares 11 y 17, porque esas dos circulares lo que han pretendido es cuidar la estabilidad financiera de los Fondos de Empleados y de todo el sector solidario.

Insisto en que si se llegaran a presentar pérdidas, que ojalá no se presenten, (a fecha de junio 2020 se registran $86.431 millones de excedentes, o sea que no han sido funestos los efectos de las circulares expedidas, como se ha señalado) estamos lejos de que seamos nosotros los responsables, y mucho menos que vayamos a quebrar al sector, como nos han señalado”, concluye el Superintendente Ricardo Lozano Pardo.