Tenga Cuidado con el Lavado de Dinero
Por José Alcibíades Guerra Parada
Economista, Especialista en Administración Financiera
Cuando hablamos de lavado de dinero se hace alusión al mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen del dinero representado en efectivo y bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Este proceso de ocultamiento de dineros de origen ilícito no se nota en una sola transacción, sino que requiere de varios actos y etapas por parte del lavador dirigidas hacia un mismo propósito: encubrir cualquier rastro del origen de los recursos, fondos o capitales mal habidos y darles apariencia de legalidad.
No hay dudas que el lavado de dinero trae múltiples efectos adversos, no solo por las sanciones penales y disciplinarias que le puede generar a los sujetos obligados cuando son personas naturales por el incumplimiento de la ley (régimen sancionatorio), sino también por las consecuencias negativas que genera la desobediencia de las políticas internas y las normas vigentes para la adecuada y oportuna administración del riesgo de lavado de dinero al interior de cada organización (nivel institucional). Igualmente, conlleva un impacto en la reputación (deterioro de la imagen) por la vinculación de dineros ilícitos y legal (sanciones, multas y afectación de utilidades), así como por el impacto y efectos que el lavado de dinero trae tanto a nivel económico interno por las pérdidas que puede ocasionar y el eventual deterioro de su patrimonio, como a nivel de su entorno, sea este sectorial, económico, social, político, ético, etc.
En este sentido, es preciso anotar que dentro de las secuelas ingreso de capitales ilícitos a la economía se encuentran el incremento del delito, la violencia, la desigualdad social y la corrupción, el debilitamiento del sector privado legítimo al tener que competir en condiciones de desigualdad y en especial de las instituciones financieras, las cuales cuando se ven involucradas en este tipo de actividades pueden llegar a desaparecer y en otros casos pagan caro su negligencia o laxitud. Del mismo modo, se presenta deterioro de la moral social, errores en las decisiones gubernamentales relacionadas con políticas económicas por la pérdida del control y la generación de distorsiones e inestabilidad económica, inflación y desempleo, al igual que pérdida de ingresos por evasión de impuestos, riesgos para los esfuerzos de privatización y para sostener la reputación de un país, así como el incremento de sus costos sociales y de seguridad interna, entre otros.
Como se puede ver el ingreso de dinero ilegal al circulante monetario genera su expansión y la aparición de bonanzas financieras ficticias. La transgresión de las normas, políticas y procedimientos antilavado de dinero, aparte de las investigaciones y sanciones que trae a nivel personal conlleva otras implicaciones graves, las cuales es necesario tener en cuenta, con el fin de desarrollar procesos de sensibilización y concientización a nivel de los empleados, la alta gerencia, los directivos y los accionistas de las diferentes sociedades, en aras de facilitar una cultura real de prevención, control, detección y mitigación del riesgo de lavado de dinero.
Para los países en vía de desarrollo, los mercados emergentes y los países con sistemas financieros frágiles, el lavado de dinero tiene consecuencias particularmente importantes y devastadoras. Sus impactos negativos aumentan en estos mercados porque suelen tener sistemas financieros menos estables, ausencia de normas financieras, laxitud o ambigüedad de las mismas, poca rigurosidad en el control por parte de las autoridades y mayor susceptibilidad de ser alterados por influencias delictivas y corrupción administrativa.
Lo cierto es que en la búsqueda de una sólida cultura de cumplimiento antilavado de dinero es vital crear compromiso y generar conciencia colectiva, al punto en donde todos los funcionarios de las diferentes entidades sientan la necesidad y la obligación de detectar e impedir la cristalización de este delito, constituyéndose en su deber moral, más que en su deber laboral, en su responsabilidad social más que su obligación legal.
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