El papel de las Auditorías Internas en la lucha contra el lavado
Por José Alcibíades Guerra Parada
Economista Especialista en Administración Financiera
Miembro de ACAMS.
Sin duda alguna los equipos de trabajo de las auditorías internas deben ser interdisciplinarios y especializados. Contadores, abogados, ingenieros de sistemas, economistas y administradores de empresas, desempeñan un rol imprescindible en el día a día de la evaluación a las áreas de cumplimiento y a los programas antilavado de dinero, ya que su labor se constituye en la tercera línea de defensa de las organizaciones y los resultados obtenidos en un apoyo clave para los organismos reguladores y de control.
En este orden de ideas, el equipo de la auditoría debe estar preparado para evaluar el cumplimiento de leyes, regulaciones y directrices antilavado aplicables por la organización en todas las jurisdicciones en las cuales opera, sean estas locales o internacionales. El grupo de trabajo debe tener la competencia que se requiere para auditar la efectividad del cumplimiento normativo dependiendo de la naturaleza, complejidad y perfil de riesgo del lavado de activos de la entidad, así como para emitir una opinión profesional e idónea sobre el mismo, abogando porque las deficiencias identificadas sean solucionadas de manera oportuna.
Pero éste órgano de control no debe limitarse solamente a efectuar una auditoría documental (checklist) o de simple cumplimiento normativo, ya que su trabajo caería en el error de la simple formalidad y se volvería rutinario (pruebas recurrentes), debilitando el correcto funcionamiento de los controles establecidos. Es por ello que más allá de contar con el equipo multidisciplinario ideal, debe estar en capacidad de realizar auditorías basada en riesgos y evaluar de manera integral los modelos de riesgo implementados y establecer parámetros de medición de resultados de los exámenes de auditoria realizados, que permitan determinar la eficiencia y efectividad de los sistemas de prevención y control, ya que el lavado de dinero es un delito de inteligencia financiera, que sin generar violencia afecta patrimonialmente a las entidades.
Para ello, el equipo humano que soporta la labor de la Auditoría debe estar debida y suficientemente calificado en el tema antilavado, para desarrollar a cabalidad las tareas programadas en el año, equipo que debe ser capacitado y actualizado de manera permanente y contar, a su vez, con las herramientas tecnológicas necesarias que le permitan llevar a cabo una adecuada gestión de su desempeño, administrar los papeles de trabajo y controlar el seguimiento de los planes de acción a implementar, obteniendo indicadores estadísticos de dicho monitoreo y del aseguramiento de la calidad de su labor.
Del mismo modo, es importante establecer claramente la dependencia funcional y administrativa de la Auditoría Interna, con el fin de determinar su jerarquía y autoridad y así poder medir la efectividad en el cumplimiento de su mandato. En este sentido, es importante que la Auditoría tenga acceso a la Alta Gerencia, al Comité de Auditoría y a la Junta Directiva, y goce de total autonomía e independencia frente a las líneas de negocio y a los procesos del día a día. Con esto se busca que las debilidades y oportunidades de mejora planteadas por la Auditoría escalen debidamente en la organización.
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea plantea que el grupo de Auditoría Interna debe ser idóneo para cumplir su función y contar con los conocimientos, formación, aptitudes, experiencia, certificaciones y competencias técnicas necesarias para llevar a cabo auditorías basadas en riesgo y para evaluar el modelo de riesgo antilavado implementado. Es así que la Auditoría Interna debe conocer el modelo de negocio de la entidad (procedimientos de gestión de riesgos y métodos de evaluación de riesgos, procesos de control y vigilancia de estos riesgos, planes de contingencia), así como el plan estratégico y la manera cómo se toman las decisiones en la organización.
Al respecto, es necesario precisar que la Auditoría debe consolidar toda la labor desarrollada por el área y efectuar monitoreo a la implementación de oportunidades de mejora, de posibles soluciones y recomendaciones obtenidas como producto de su labor en materia antilavado. Así mismo, la Auditoría debe efectuar un seguimiento riguroso a los planes de acción SARLAFT definidos por la entidad, como producto de sus evaluaciones efectuadas.
En este sentido, se requiere evaluar el número de oportunidades de mejoramiento y recomendaciones detectadas por la Auditoría Interna en cada una de sus revisiones antilavado. A la vez, es ideal que obtenga indicadores de monitoreo como por ejemplo: cuántos han sido atendidos o subsanados, cuántos se encuentran abiertos pendientes por atender o sin respuesta y cuántos han sido cerrados sin solución, junto con las observaciones de interés que sean necesarias. Si los planes de acción han sido prorrogados se requiere que éste órgano de control conozca las justificaciones pertinentes.
Esta gestión es ineludible y debe incorporar responsables de ejecutar cada una de las posibles soluciones, términos previstos para implementarlas, acciones realizadas y en caso de que se presenten desfases en tiempo, se prorrogue su ejecución o se desista de subsanar algunos hallazgos, la Auditoría Interna debe conocer claramente las razones por las cuales se tomaron dichas decisiones. Los controles de la gestión de este órgano se pueden hacer a través de cuadros de mando integral, matrices en Excel, herramientas informáticas, entre otros.
Los resultados del ejercicio de la función de este órgano de control deben quedar plasmados en informes periódicos de gestión, los cuales deben ser dirigidos no solamente al Comité de Auditoría sino a las Juntas y a los Consejos Directivos, aunque administrativamente dependa de Presidencia. Por tal motivo es importante que la periodicidad de sus evaluaciones, los procesos utilizados y el alcance de su labor se adecúen a la naturaleza, tamaño y perfil de riesgo de cada entidad.Aquí es importante destacar la oportunidad con la cual se deben hacer estos reportes, para que las oportunidades de mejora y las recomendaciones se implementen de manera pronta en las organizaciones.
Todas estas medidas están orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones las instituciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.
Foto: americana.edu.co
