Por un cooperativismo moderno: la urgente reforma legal que la República Dominicana necesita
Por: Gestión Solidaria
En la República Dominicana, el cooperativismo ha sido, durante décadas, uno de los motores más sólidos de la democratización del crédito y la inclusión financiera. Millones de dominicanos confían su ahorro a estas entidades, que han demostrado ser un pilar para las comunidades, las microempresas y los sectores profesionales. Sin embargo, el andamiaje jurídico que sostiene a este sector vital data de 1964. La Ley No. 127-64 sobre Asociaciones Cooperativas ha quedado obsoleta frente a la complejidad financiera que hoy manejan estas organizaciones.
El desfase no es menor. Mientras las cooperativas han evolucionado hacia esquemas de gestión más complejos y han ampliado su oferta de servicios, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), su ente regulador, carece de las herramientas técnicas y presupuestarias necesarias para ejercer una supervisión prudencial efectiva. Esta brecha expone el ahorro de millones de ciudadanos a riesgos de gobernanza y gestión que podrían evitarse con un marco normativo actualizado, advierte un artículo firmado por José Alfredo Martínez, Cooperativista.
La reforma impostergable
El sector cooperativo, a través del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) y las federaciones territoriales y sectoriales, ha presentado un proyecto de reforma que busca saldar esta deuda histórica. La iniciativa no pretende asimilar a las cooperativas al régimen de la banca comercial (Ley Monetaria y Financiera No. 183-02), lo que desvirtuaría su esencia solidaria y doctrinaria. Tampoco aboga por mantener el statu quo, que deja a las entidades sin una supervisión especializada y a los ahorrantes en una situación de vulnerabilidad.
El objetivo, según se desprende del planteamiento, es dotar al país de un nuevo marco legal que fortalezca la institucionalidad del regulador estatal, respete la naturaleza del cooperativismo y garantice eficacia, eficiencia, solvencia y transparencia, siempre con apego a los valores y principios universales del movimiento, insiste el analista.
Cinco pilares para el futuro
A mi entender dice Martínez, cualquier reforma que aspire a ser integral debe sustentarse en cinco pilares fundamentales:
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Transformación del IDECOOP: Se propone convertir al actual instituto en una Dirección General o Superintendencia de Cooperativas, con autonomía técnica, administrativa y presupuestaria real. Este nuevo ente debería contar con facultades de fiscalización in situ y extra situ, herramientas de regulación prudencial diferenciada y capacidad sancionadora. No se trata de más control, sino de mejor control, adaptado a la naturaleza de cada cooperativa.
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Gobernanza y liderazgo ético: La idoneidad doctrinaria, ética y profesional de los directivos es innegociable. La reforma debe establecer criterios claros para prevenir conflictos de interés, garantizar la alternancia democrática en los órganos de gobierno y evitar la perpetuación en el poder. La salud financiera de una cooperativa empieza por la calidad de su gobernanza.
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Protección al ahorro y gestión de riesgos: Es imperativo crear fondos de protección para los depósitos cooperativos y esquemas obligatorios de reservas líquidas, adaptados a la naturaleza solidaria de estas entidades. Esto blindaría el patrimonio de los asociados ante perturbaciones financieras que afecten la liquidez operativa, sin que ello signifique adoptar los mismos corsés de la banca tradicional.
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Acto cooperativo y neutralidad fiscal: El Estado debe blindar en la legislación tributaria la naturaleza especial del «acto cooperativo». Evitar la doble imposición y la competencia desleal es clave, asegurando que las exenciones y tratamientos preferenciales se apliquen rigurosamente a las operaciones entre las cooperativas y sus asociados.
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Integración, digitalización y prevención de lavado: La nueva ley debe fomentar la creación y la integración cooperativa, normar la adopción de tecnologías financieras (Fintech) y servicios digitales, y adecuar el cumplimiento de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Todo ello, sin perder de vista el objetivo de inclusión financiera en comunidades rurales y urbanas marginales, donde las cooperativas son muchas veces el único canal de acceso a servicios económicos.
Un llamado a la acción
Las deficiencias de la normativa vigente y las soluciones estructurales aquí esbozadas no son especulaciones. Están contenidas en el proyecto de reforma que el sector cooperativo, representado legítimamente por el CONACOOP y las federaciones, ha puesto sobre la mesa. Esa propuesta es el fruto de años de análisis y consenso interno.
Ahora le corresponde al Estado dominicano recoger el guante. Trabajar para dotar al país de un nuevo marco legal cooperativo no es un favor al sector, sino una responsabilidad del Estado para asegurarse de que las cooperativas sigan siendo ese motor de desarrollo comunitario que han sido por más de seis décadas. Los asociados, las microempresas y las comunidades no pueden esperar otros sesenta años.
Cualquier lector verdaderamente interesado en el crecimiento y desarrollo de los asociados y sus comunidades encontrará en ese proyecto las respuestas que el cooperativismo dominicano reclama con urgencia. La reforma no es una opción; es una necesidad histórica concluyó en su texto José Alfredo Martínez.
La nota fue elaborada tomando como base:
Modernización Legislativa del Cooperativismo Dominicano: Blindaje social y Estabilidad financiera
Foto: El Cooperador Digital
