Superintendencia toma posesión inmediata de Fotranorte por grave crisis financiera y patrimonial

Hace unas horas la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios del Fondo de Empleados y Trabajadores de las Empresas Industriales y de Servicios del Norte de Santander (FOTRANORTE), luego de constatar un deterioro financiero estructural, pérdidas acumuladas reiteradas y un quebranto patrimonial que se profundizó entre 2023 y 2025.

De acuerdo con la resolución expedida el 26 de marzo de 2026, el fondo —identificado con NIT 800.166.120‑0 y con domicilio en Cúcuta— presentó una reducción de su patrimonio neto por debajo del 50 % de su capital social, así como un patrimonio técnico inferior al mínimo exigido por la normativa vigente, configurando causales expresas de intervención administrativa.

Tres años de pérdidas continuas y debilitamiento de la solvencia

El documento oficial detalla que FOTRANORTE registró pérdidas acumuladas crecientes durante los últimos ejercicios. A diciembre de 2023, el fondo reportó pérdidas acumuladas por $1.693 millones y pérdidas del ejercicio por $951 millones. Para diciembre de 2024, las pérdidas acumuladas ascendieron a $2.467 millones, y en 2025 se contabilizaron nuevas pérdidas por $1.159 millones.

Este comportamiento impactó directamente la solvencia de la entidad. El indicador de quebranto patrimonial, que ya se encontraba por debajo de la unidad en 2023, pasó de 0,5 en ese año a un valor negativo de –0,029 en diciembre de 2025, reflejando una situación de deterioro crítico del respaldo patrimonial de los asociados.

Margen financiero insuficiente y costos administrativos elevados

Uno de los hallazgos más relevantes expuestos por la Superintendencia es el desbalance estructural entre ingresos y gastos. Durante 2025, el margen bruto generado por la colocación de créditos solo permitió cubrir $229 millones de los $1.821 millones en gastos administrativos, los cuales, además, crecieron un 29,3 % frente a 2024.

El análisis señala que el margen de intermediación financiera resultó insuficiente, debido al descalce entre tasas de colocación y captación, al alto endeudamiento con entidades financieras y a una estructura de costos que no respondió a principios de prudencia ni sostenibilidad financiera.

Cartera de alto riesgo y deterioro por créditos sin libranza

La situación financiera se agravó por la alta exposición al riesgo crediticio. Más del 60 % de la cartera del fondo correspondía a créditos de consumo sin libranza, modalidad que presentó elevados niveles de mora. Entre 2022 y 2025 se registraron castigos de cartera por $1.646 millones, así como un gasto por deterioro de cartera de $672 millones.

Esta cartera riesgosa redujo de forma significativa los ingresos operativos y afectó la liquidez, profundizando las pérdidas y debilitando aún más el patrimonio de la organización solidaria.

Decisiones administrativas cuestionadas y afectación a los asociados

La resolución también hace énfasis en la decisión adoptada por la Asamblea General de trasladar el 90 % de los ahorros permanentes de los asociados a aportes sociales sin autorización individual expresa, medida que fue catalogada por la Superintendencia como ilegal, insegura y contraria a los derechos de los asociados.

Aunque esta decisión redujo artificialmente el indicador de quebranto patrimonial, no generó recursos reales para el fondo, ya que los ahorros trasladados ya estaban colocados en una cartera con alto nivel de mora. Finalmente, la autoridad ordenó la reversión de todos estos movimientos contables, dejando en evidencia la fragilidad del capital social, incluso con saldos negativos en las cuentas patrimoniales.

Disminución de la base social y falta de reservas

A la crisis financiera se sumó la reducción sostenida del número de asociados, que pasó de 1.086 en diciembre de 2024 a 919 en diciembre de 2025. Esta disminución impactó el riesgo de liquidez y redujo el flujo de aportes y ahorro.

Adicionalmente, la entidad no contaba con una Reserva de Protección de Aportes, lo que incrementó la vulnerabilidad del fondo frente a contingencias y dejó sin respaldo adecuado los recursos de los asociados.

Toma de posesión para diagnóstico y posible liquidación

Ante este panorama, la Superintendencia concluyó que FOTRANORTE no demostraba viabilidad financiera a largo plazo y presentó serias dudas sobre su capacidad de continuar como negocio en marcha. Por ello, ordenó la toma de posesión inmediata por un término inicial de dos meses, prorrogables por un periodo igual, con el objetivo de realizar un diagnóstico integral y definir si la entidad puede ser recuperada o si debe avanzar hacia un proceso de liquidación.

Como parte de la medida, fueron separados de sus cargos los actuales administradores y órganos de control, y se designó un Agente Especial y un Revisor Fiscal, quienes asumirán la administración y vigilancia durante el proceso de intervención.

Protección del ahorro como objetivo central

La Superintendencia de la Economía Solidaria indicó que la intervención busca proteger los intereses de los asociados, acreedores y de la comunidad en general, evitar un mayor deterioro del patrimonio y garantizar que cualquier decisión futura se adopte con base en la situación financiera real del fondo.

La resolución deja claro que la toma de posesión se fundamenta en la necesidad de salvaguardar el ahorro solidario, ante una gestión administrativa que, durante varios años, no logró corregir los riesgos financieros ni detener el deterioro patrimonial de la entidad.