Acopi advierte que consulta popular pretenden revivir aspectos de la reforma laboral
Por: Acopi Atlántico
Desde la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) seccional Atlántico advertimos que varias de las medidas contempladas en la consulta popular promovida por el Gobierno Nacional podrían agravar significativamente la ya delicada estructura de costos del tejido empresarial, en particular la de las MiPymes, que hoy enfrentan una creciente presión económica, fiscal y regulatoria.
Si la consulta popular promovida por el Gobierno avanza conforme al trámite establecido por la ley, es fundamental recordar que el archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado respondió a la inconveniencia del proyecto, al no abordar de manera efectiva los problemas estructurales del mercado laboral. En este contexto, resulta pertinente retomar las cifras que evidencian los efectos negativos que habría generado la reforma recientemente archivada, así como advertir sobre los riesgos que implicarían medidas similares para el segmento empresarial al que representamos.
Uno de los cambios más controversiales es la idea de transformar los contratos de aprendizaje del SENA en contratos laborales. Según cálculos del Observatorio de la MiPyme de ACOPI, esta transición implicaría un incremento del 126% en el costo mensual de un aprendiz, al pasar de $1.067.625 a $2.417.403. Para una empresa con tres aprendices, el impacto se elevaría de $3.202.875 a $7.252.209 mensuales, sin incluir beneficios extralegales que algunas compañías otorgan por voluntad propia.
Además, una encuesta realizada en 2023 por el mismo Observatorio reveló que el 36,5 % de los empresarios estima que una modificación en la jornada laboral diurna incrementaría sus costos entre un 1 % y un 20 %, mientras que otro 33,5 % prevé aumentos del 20 % al 40 %. Frente a estos posibles escenarios, el 34,3 % de los encuestados indicó que se vería obligado a reducir personal, el 29,8 % no podría realizar nuevas contrataciones y un 5,2 % advirtió que tendría que cerrar su empresa; además, el 58,4 % afirmó que disminuiría su nómina entre uno y cinco empleados si se implementaran tales medidas.
En este contexto, Rosmery Quintero, presidenta del Observatorio de la MiPyme y directora ejecutiva de ACOPI, pidió avanzar en una reforma concertada, centrada en el equilibrio entre derechos laborales y viabilidad empresarial: “La solución no puede ser imponer nuevas cargas sin considerar la realidad económica de las micro, pequeñas y medianas empresas. Se requiere una construcción conjunta que garantice tanto la formalización como la sostenibilidad del empleo”, afirmó.
Quintero también cuestionó la visión fiscalista de las recientes propuestas del Gobierno: “Persistir en soluciones basadas en mayor presión tributaria está ahogando al sector productivo. Las MiPymes ya enfrentan cargas fiscales y laborales elevadas que comprometen su subsistencia”, añadió.
A junio de 2024, el RST contaba con más de 155.000 inscritos, el 45 % de ellos sin RUT previo, lo que confirma su papel como instrumento de inclusión tributaria. Para este año, se estima que genere recaudos por 3,6 billones de pesos, con un beneficio directo para las finanzas municipales gracias al traslado del Impuesto de Industria y Comercio.
Finalmente, Rosmery señalo que: “Eliminar el RST sería un error. Es uno de los pocos mecanismos exitosos que ha incentivado la formalización empresarial sin generar distorsiones ni aumentar la carga fiscal de forma desproporcionada”.
