ONU insiste en recomendaciones a gobierno Duque para proteger derechos humanos
Un recetario ya conocido por el gobierno de Iván Duque fue presentado nuevamente por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe sobre Colombia de 2021.
Sin embargo, estas recomendaciones al parecer han sido ignoradas durante los años anteriores, lo que ha llevado a un deterioro permanente de los índices que evalúan el seguimiento al proceso de paz, la defensa de los derechos humanos y la protección a las poblaciones vulnerables.
Colombia retrocede, mientras desconoce sistemáticamente las recomendaciones que durante años ha realizado el organismo internacional. Entre tanto su vicepresidenta Martha Lucia Ramírez pide medidas de protección para Ucrania.
Recomendaciones
72. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recuerda las recomendaciones hechas en informes anteriores y:
a) Insta al Estado a atender urgentemente la situación en los territorios más afectados por la violencia, reforzando la presencia de autoridades civiles, en particular del Ministerio Público, incluyendo las personerías municipales, y la prestación de servicios básicos para prevenir y contener la violencia y proteger a la población civil y los liderazgos comunales, sociales, indígenas y afrodescendientes en estas zonas;
b) Exhorta al Estado a redoblar esfuerzos para implementar el Acuerdo de Paz, en particular la Reforma Rural Integral, los programas de desarrollo con enfoque territorial y el capítulo étnico, a fin de combatir las desigualdades estructurales;
c) Reitera la necesidad de garantizar efectivamente el derecho al territorio de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el derecho a la consulta previa, libre e informada;
d) Insta al Estado a avanzar en la implementación de una jurisdicción agraria, a acelerar el ingreso, registro, distribución y entrega de tierras a las comunidades rurales y la formalización de la propiedad de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes y a fortalecer el marco normativo para la protección de los derechos del campesinado, en concordancia con los instrumentos internacionales;
e) Reitera la urgencia de que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad adopte e implemente una política de desmantelamiento de organizaciones criminales y sus redes de apoyo, concertada con la sociedad civil y con la participación de mujeres;
f) Urge a los grupos armados no estatales a respetar irrestrictamente los derechos humanos y, cuando sea aplicable, el derecho internacional humanitario;
g) Insta al Estado a darle seguimiento al llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden la adopción de Acuerdos Humanitarios para la protección de la vida y el respeto de los derechos humanos;
h) Insta al Ministerio del Interior a reforzar la capacidad y metodología de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas para implementar medidas concretas de prevención de la violencia;
i) Alienta a fortalecer las Comisiones Regionales del Ministerio Público para dar seguimiento a las Alertas Tempranas, mediante la articulación entre las Personerías, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo;
j) Insta al Gobierno a fortalecer y, en algunos casos, reactivar las mesas territoriales de garantías y fortalecer el seguimiento de sus decisiones;
k) Alienta a la Fiscalía General de la Nación a seguir fortaleciendo la capacidad de la Unidad Especial de Investigación para identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y los firmantes del Acuerdo de Paz, y el desmantelamiento de sus estructuras criminales;
l) Insta al Estado a tomar medidas efectivas para proteger a las niñas y los niños de cualquier forma de violencia, incluidos el reclutamiento forzado y su uso en el contexto del conflicto armado;
m) Exhorta a las instituciones del Estado a implementar las recomendaciones contenidas en el Documento de “Lecciones Aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia” del ACNUDH;
n) Exhorta al Estado a impulsar un debate amplio en la sociedad sobre los aspectos a reformar dentro de la Policía, incluyendo los mecanismos de control y de rendición de cuentas y la posibilidad de trasladar esta institución a un ministerio de carácter civil;
o) Urge al Estado a apoyar el trabajo autónomo e independiente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; y fortalecer la coordinación y cooperación de las instituciones del Estado con el Sistema y garantizar la protección efectiva de sus integrantes y de las víctimas y testigos que participan en él;
p) Insta al Estado y a la sociedad a continuar apoyando el trabajo de la Comisión de la Verdad, a divulgar su futuro Informe final, y asignar un presupuesto suficiente que permita la efectiva implementación de las recomendaciones formuladas;
q) Exhorta al Estado a fortalecer al Instituto Nacional de Medicina Legal y el Banco de Perfiles Genéticos para acelerar la búsqueda de las personas desaparecidas;
r) Insta al Estado a intensificar esfuerzos para garantizar el acceso de las víctimas de violencia de género a la justicia, a servicios médicos, psicosociales y centros de acogida especializados y adecuados a sus necesidades y a medidas de reparación integrales con enfoque de género.
Puede descargar el informe completo en el siguiente enlace.
http://ah1.75e.myftpupload.com/wp-content/uploads/2022/03/Informe-anual-ONU-DDHH-2022.pdf
