Hemos sido invitados marginales en la discusión de las políticas públicas: Edinsón Castro

El trato que se le ha dado a las cooperativas y empresas de la economía solidaria en los temas nacionales no es el que merece un movimiento de este tipo, más aún cuando las condiciones ponen a las empresas de la economía social como unas grandes jalonadoras de la reactivación de la economía nacional en la etapa de post pandemia, afirmó Edínsón Rafael Castro gerente de Cooperativa Casa Nacional del Profesor (Canapro). 

El docente afirmó que la Ley de Emprendimiento dejó en evidencia el pobre compromiso que el ejecutivo tiene frente a la actividad de las empresas de la economía solidaria. En una intención por flexibilizar la forma en que se podrán constituir los emprendimientos se aprecia el desconocimiento del mismo modelo advirtió el ejecutivo. 

Mientras la Ley busca constituir nuevas unidades productivas, en la práctica ésta no otorga recursos para dicho fin y pone a las empresas solidarias a desarrollar nuevas líneas de crédito y a aportar sus propios fondos.

Castro explicó que teniendo en cuenta las condiciones en que la Ley busca generar un modelo de financiación para nuevas empresas estos recursos deberían ser destinados realmente al fortalecimiento de empresas ya constituidas. “quedó demostrado que más de 70 por ciento de las ayudas otorgadas por el Gobierno en medio de la Pandemia fueron entregados a la gran empresa, especialmente la banca, mientras que el 80 por ciento de los empleos en el país los genera realmente la pyme, son estas empresas en las que deberíamos enfocar nuestra actividad” dijo. 

“Considero que la estructura del cooperativismo no es la más dinámica en el momento actual para hacer el ejercicio del emprendimiento una alternativa construida sobre lo solidario. La fortaleza está en la suma de sus asociados y esto es más importante que abordar una pequeña cooperativa con apenas tres integrantes, como contempla la Ley, eso no debería ser una cortapisa, pero ahora lo más importante es que podamos hacer un inventario de las empresas que fueron golpeadas por la pandemia y desde ahí podríamos constituir las nuevas cooperativas y recuperar las empresas que ya están”, dijo.

La suma de recursos, a través de créditos y el asesoramiento para la transformación en cooperativas de las empresas en recuperación es un modelo mucho más valioso y efectivo que permitiría recuperar el tejido empresarial y laboral, reduciendo los riesgos en empresas que apenas se forman, insistió el ejecutivo. 

Edinsón Rafael Castro se refirió a los cuestionamientos presentados en la Mesa Nacional de Economía Social y Solidaria, por algunos voceros, sobre una posible instrumentalización del sector solidario por parte del Ejecutivo durante los últimos meses a través de normas como Ley de Emprendimiento. “Considero que hemos sido convocados de manera marginal y las alternativas que nos dieron para actuar han sido bastante limitadas. En plena pandemia las ayudas fueron dirigidas directamente al sector bancario, mientras que se desconoce la dinámica del sector solidario dentro de la Ley de Emprendimiento, para ello ya existen las SAS y otros modelos de empresas de lucro, que tienen una flexibilidad grandísima, factores que marcan desigualdad, todos estos elementos no hablan bien de una política de fortalecimiento del sector solidario, mucho menos su reconocimiento”, dijo.

El profesor señaló que sería justo que la Ley Cooperativa se aplique como está expresa en la Constitución, pero hasta el momento no se ve reflejada en normas, ni en la dinámica que tiene el Gobierno en la interlocución que mantiene con el cooperativismo y demás empresas del sector solidario. 

Una protesta justa

La protesta social no es más que la expresión de una serie de inconformidades acumuladas y que fueron impulsadas ante las medidas que se tomaron y que en vez de contrarrestar las dificultades arrinconaron a la población, profundizando las difíciles condiciones en la que se encontraban grandes franjas de ellas. 

El gerente de Canapro advirtió que los reclamos expresados desde las protestas de finales de 2019 no son un tema circunstancial. Es la acumulación de años de injusticias que han ido cerrando posibilidades de educación, salud y empleo. Reclamos más que justos liderados por los jóvenes.  

“Quienes vimos el proceso de la Constitución de 1991 teníamos la esperanza de cambios sustanciales en elementos básicos para la vida, pero poco a poco los gobiernos siguientes fueron desmontando el espíritu de ella”, dijo. 

Los jóvenes han venido incubando una sensación de desesperanza pues muchos de ellos que alcanzan la educación superior dejan su proceso de formación a medio camino y quienes lo culminan ven pocas probabilidades para desarrollar su profesión. Qué decir de aquellos que forman parte de las estadísticas porque ni estudian, ni trabajan. En ese sentido la protesta social está explicada.  

El país se ha enfocado en fortalecer su actividad financiera, debilitando el sector industrial y el campo, a esa poca capacidad productiva se le debe sumar la aprobación de los TLC que retrasaron al país. “Estas políticas se ven reflejadas en los presupuestos. Por ello no es justo que se señale a los educadores como los responsables de la crisis. Por el contrario los docentes esperan ser convocados a construir el país bajo una serie de propuestas sociales que se verán reflejadas en propuestas más colectivas y no manejadas por unas minorías” dijo. 

Un ejemplo de ello es la suma de una provocación directa con la presentación de las reformas como la Fiscal y de Salud, de igual manera el proceso manejado con una alta represión militar y policial. Así como el desconocimiento de un proceso de negociación con el Comité de Paro por parte del Ejecutivo. 

“Estos jóvenes necesitan una esperanza. Que la sociedad les permita participar más. Por ello el cooperativismo les podía permitir una mayor intervención para que desarrollen sus proyectos y sean activos en los diferentes procesos que el mismo cooperativismo desarrolla. Ya la protesta alcanzó su propia dinámica. En el caso del cooperativismo debe participar más para participar en los procesos de construcción de las alternativas a la crisis ”, dijo. 

“Hay una posibilidad de invitar a las personas a que construyan de forma directa su propio desarrollo, alternativas para resolver sus dificultades. El proceso no puede seguir siendo dirigido exclusivamente por unos unos miembros de clases favorecidas”, insistió. 

Por último el docente señaló que el país tiene la posibilidad de generar alternativas mucho más constructivas que las que plantea el entorno internacional, regulado por las empresas calificadoras de riesgo.” No podemos seguir con los mismos privilegios para una sola parte de la población dirigente y con la amenaza de una regulación internacional a cargo de unas calificadoras privadas”, concluyó.