El cooperativismo financiero Colombiano pide medidas urgentes al nuevo Ministro de Hacienda tras el terremoto

Fecolfin solicitó alivios regulatorios, financieros y tributarios para proteger a los asociados y entidades del sector en las zonas afectadas por el sismo de magnitud 7.4

Ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez

Mientras el Gobierno Nacional declaraba el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para atender la catástrofe provocada por el terremoto del 10 de agosto, la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Financieras y Entidades Financieras de Propiedad de Grupos Cooperativos (Fecolfin) hizo llegar una solicitud formal al recién posesionado Ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez.

En la misiva, a la que tuvo acceso este medio, Fecolfin expresa su respaldo a las primeras medidas anunciadas por el Gobierno, entre ellas el aplazamiento del pago del impuesto de renta de personas naturales y la gestión de un crédito de contingencia con la banca multilateral . Sin embargo, la federación advierte que la magnitud de la emergencia, que afectó gravemente a departamentos como Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y el epicentro, Chocó, requiere acciones más específicas para el sector cooperativo, duramente golpeado por la tragedia.

Cuatro pilares para la recuperación económica

La carta, dirigida al ministro Gómez Martínez, plantea un paquete de medidas que buscan, según Fecolfin, «proteger el mínimo vital de los asociados y deudores afectados, restablecer su capacidad productiva y salvaguardar la seguridad alimentaria y la estabilidad de ingresos en los territorios impactados». Las solicitudes se dividen en dos categorías: las que requieren de un decreto con fuerza de ley bajo la declaratoria de emergencia y las que podrían resolverse por la vía administrativa ante las superintendencias.

1. Alivios financieros urgentes para los deudores

La solicitud más sensible pide adoptar «medidas extraordinarias y transitorias de alivio financiero, acceso urgente al crédito y normalización de cartera» para los deudores de las cooperativas en los municipios afectados. La propuesta incluye mecanismos como la refinanciación de deudas, períodos de gracia y líneas de fondeo con garantías, en línea con precedentes de emergencias anteriores. El objetivo es evitar que los afectados, que ya enfrentan pérdidas humanas y materiales, se vean además asfixiados por sus obligaciones financieras.

2. Suspensión de impuestos nacionales y locales

De manera complementaria al alivio en el impuesto de renta ya anunciado, la federación solicitó que se evalúe la ampliación o suspensión de plazos para el pago de otras obligaciones tributarias, como el IVA y la retención en la fuente, cuyos vencimientos coinciden con las semanas posteriores a la emergencia.

En el ámbito territorial, la petición es igualmente contundente: se insta al Ministerio a gestionar ante alcaldías y gobernaciones medidas equivalentes para tributos locales como el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio. La carga tributaria, advierte Fecolfin, no puede agravar la situación financiera de las entidades y sus asociados en plena crisis.

3 y 4. Flexibilización administrativa para las entidades vigiladas

En lo que respecta a la operación diaria de las cooperativas, la federación solicitó dos medidas administrativas que, a su juicio, están dentro de las competencias ordinarias de las superintendencias. La primera es la suspensión de términos para la transmisión de información periódica y procedimientos administrativos mientras se restablece la normalidad en la zona afectada.

La segunda es la habilitación de reportes extemporáneos sin sanción. Se menciona, como caso concreto, el reporte a través de la plataforma ADA de la Superintendencia de la Economía Solidaria, que posteriormente debe enviarse al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop). El objetivo es dar un respiro a las entidades que, en medio de la emergencia, no pueden cumplir con los plazos regulares.

Freddy Castro Badillo, presidente de Fecolfin

Un sector clave en la economía de los territorios

Fecolfin, que representa a un importante número de entidades de ahorro y crédito en el país, subrayó en su comunicación su disposición a colaborar con el Ministerio, la Superintendencia de la Economía Solidaria y la Superintendencia Financiera para caracterizar el impacto del sismo y diseñar las medidas más efectivas.

La petición se produce en un contexto de alta tensión fiscal. El propio ministro Gómez Martínez ha calificado la situación económica del país como «la crisis económica más grave de nuestra historia republicana» , reconociendo un déficit fiscal del 7,8% del PIB y un endeudamiento peligroso. A pesar de ello, el Gobierno ha priorizado la atención de la emergencia, con medidas como la disposición total del presupuesto del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y la activación de un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial .

Ahora, será el Ministerio de Hacienda quien evalúe la viabilidad de incorporar estas solicitudes del sector cooperativo en el paquete normativo de la Emergencia Económica, en un intento por equilibrar la respuesta humanitaria inmediata con la sostenibilidad financiera a largo plazo de las entidades que, en los territorios, son el principal motor de la economía solidaria.