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marzo 29, 2024
Economia

SuperSociedades admite al proceso de reorganización a BD Promotores Colombia

La Superintendencia de Sociedades, mediante auto 400-005180, admitió a BD Promotores Colombia S A.S al proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006.

El inicio de la reorganización empresarial fue solicitado por BD Promotores Colombia S A.S. Previamente, la Delegatura para Inspección Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades había formulado requerimientos respecto de los pasivos de la sociedad.

Al respecto el superintendente de Sociedades recalcó que “el proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos y pasivos”.

Según las certificaciones del representante legal de BD Promotores, la compañía tiene un pasivo de $133.195 millones. De este monto, el 57,45% corresponde a obligaciones incumplidas por más de 90 días.

Documentos aportados por la sociedad también muestran que hay pagos pendientes por concepto de retención en la fuente por $14.098 millones y por retención de ICA por $135 millones. Estas deudas deberán normalizarse para el momento de la confirmación del acuerdo, agrega el auto expedido por la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia.

Según la propia sociedad, la insolvencia se atribuye a las siguientes circunstancias:

Endeudamiento financiero para adecuación y amueblamiento del hotel Augusta, como para el desarrollo de la operación;

Gastos de personal Improductivo;

Aumento de la tasa de cambio;

Prolongación de la duración de la obra con los correspondientes sobrecostos; y

Reducción de las ventas y de los ingresos del Proyecto BD Bacatá

A partir de esta decisión la compañía deberá abstenerse de realizar pagos o arreglos por fuera de este proceso y tampoco podrá realizar ventas que estén por fuera del giro ordinario de sus negocios sin autorización de la Superintendencia de Sociedades.

 

Como promotora del acuerdo se designó a la abogada, especialista en derecho privado económico, Martha Lucia Pinzón Barco, profesional inscrita en la lista oficial de auxiliares de la justicia.

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