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Los Efectos del Lavado de Dinero

Por José Alcibíades Guerra Parada

Economista, Especialista en Administración Financiera

Cuando se habla de lavado de dinero,  uno de los temas fundamentales de la agenda mundial, se hace alusión al mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen del dinero representado en efectivo y bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país.

Este proceso criminal de ocultamiento de ganancias adquiridas a través de la venta de bienes o servicios de origen ilícito no se percibe en una sola transacción, sino que requiere de varios actos y etapas por parte del lavador dirigidas hacia un mismo propósito: encubrir cualquier rastro del origen de los fondos mal habidos y darles apariencia de legalidad, por lo que comúnmente se le denomina blanqueo de capitales o reciclaje de dinero sucio o negro. Dichas acciones de simulación buscan básicamente tres propósitos: formar un rastro de transacciones y papeles complicado, aparentar ambigüedad en el origen y propiedad del dinero y mezclar fondos ilegales con transacciones financieras legítimas, de tal manera que circulen en el sistema bancario o en otros sectores económicos sin ningún problema.

El blanqueo de capitales se considera un delito autónomo y requiere la comisión de un acto delictivo previo y la obtención de recursos ilegales que deben legitimarse en los mercados financieros. Los flujos de dinero pueden provenir de delitos como robo, malversación de fondos, tráfico de migrantes, trata de personas, contrabando de mercancías y divisas, evasión de impuestos, extorsión, secuestro extorsivo, cohecho, rebelión, tráfico de armas y explosivos, de precursores y productos químicos, de material nuclear y de recursos vinculados con el tráfico ilegal de órganos humanos. Igualmente, los recursos pueden originarse en la financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas ilegales, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública y delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, entre otros. El declarar estos recursos a la hacienda pública, supondría una confesión de los delitos en cuestión por parte de los beneficiarios, por lo que su situación los obliga  a esconder la naturaleza, localidad, procedencia, propiedad o control de dichos beneficios  producidos por su “negocio”, para evitar ser detectado por las autoridades competentes.

No hay duda que el lavado de dinero se convirtió en una industria rentable, administrada con tecnología moderna e innovadora por verdaderos especialistas que trae  múltiples efectos adversos, no solo por las investigaciones y sanciones disciplinarias y penales que le puede generar a los sujetos obligados cuando son personas naturales por el incumplimiento de la ley sino también por las  consecuencias  negativas que origina la desobediencia de las políticas internas y las normas vigentes para la adecuada y oportuna administración del riesgo de lavado de dinero al interior de cada organización (nivel institucional). Igualmente, conlleva un menoscabo en su buen nombre (deterioro de la imagen) por la vinculación de dineros ilícitos y legal (sanciones administrativas, multas y afectación de utilidades), así como por el impacto y efectos que el lavado de dinero trae tanto a nivel económico interno por las pérdidas que puede ocasionar y el eventual quebranto de su patrimonio, como a nivel de su entorno, sea este sectorial, económico, social, político, ético, etc.

En este sentido, es preciso anotar que dentro de las secuelas más notorias que deja el ingreso de capitales ilícitos a la economía, socavándola, se encuentran el incremento del delito asegurado con la complicidad de funcionarios corruptos, la violencia, la desigualdad y la tensión social, así como la quiebra y liquidación de empresas y negocios del sector real por la competencia desleal, además que cuando se ven involucradas en este tipo de actividades delictivas pueden llegar a desaparecer y en otros casos, pagan caro su negligencia o laxitud.

Del mismo modo, se presenta grave deterioro de la moral social, concentración de la riqueza, errores en las decisiones gubernamentales relacionadas con políticas económicas por la pérdida del control y la generación de alteraciones e inestabilidad económica, especialmente frente al tamaño del PIB y frente al dinamismo de la actividad productiva en su conjunto e inflación, al igual que pérdida de empleos y debilitamiento del sector privado legítimo al tener que competir en condiciones de desigualdad con productos y servicios más baratos cuyos costos no reflejan las tendencias del mercado. Igualmente, surgen amenazas para la integridad de los mercados por el carácter global y las redes que se utilizan para el manejo de tales fondos, pérdida de ingresos por evasión de impuestos, riesgos para los esfuerzos de privatización y para sostener la reputación de un país, así como el aumento de sus costos sociales y del gasto público al tener que incrementar la seguridad interna, entre otros efectos macroeconómicos.

El ingreso de dinero ilegal a la masa monetaria produce su expansión, alterando la tenencia del efectivo y su velocidad de circulación, a la vez que origina la aparición de bonanzas financieras ficticias. La entrada de grandes cantidades de capitales y divisas de dudosa procedencia a la economía  la contaminan y ocasionan, así mismo, nocivas distorsiones cambiarias. De igual forma, en cuanto al impacto social en algunos países, los grupos armados ilegales y las estructuras delincuenciales con sus acciones afectan la vida de los ciudadanos, situación que aunada a los elevados niveles de pobreza hace que fluya el dinero ilícito, por lo que es importante que los gobiernos dispongan de diagnósticos serios y diseñen e implementen políticas públicas acordes con esas realidades.

Lo cierto es que para muchos países en vía de desarrollo, mercados emergentes y países con sistemas financieros frágiles, el lavado de dinero tiene consecuencias particularmente importantes y devastadoras. Sus impactos negativos aumentan en estos mercados porque suelen ser más vulnerables y tener debilidades como sistemas financieros menos estables, ausencia de normas financieras, laxitud o ambigüedad de las mismas, sistemas antilavado menos eficientes, poca rigurosidad en el control por parte de las autoridades y mayor susceptibilidad de ser alterados por influencias delictivas y corrupción administrativa, lo que les resta credibilidad e influencia a nivel internacional. El principal problema es que en buena parte de los casos, las sociedades de estos países se encuentran permeabilizadas por la cultura de lo ilícito y los criminales aprovechan esta situación, dado que encuentran terreno abonado para la realización de sus actos.

Al respecto, las diferentes instituciones deben asumir posiciones serias y decididas de prevención y control contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Más que un formal y simple cumplimiento normativo, lo que se busca es que las organizaciones cuenten con un sistema robusto y efectivo de administración del riesgo, adaptado a los estándares internacionales y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI.

En la misma vía es importante llevar a cabo procesos minuciosos de sensibilización y concientización, no solamente a nivel de los empleados y mandos medios, sino también de la alta gerencia, los miembros de la Junta o Consejo Directivo y de los accionistas de la organización, en aras de facilitar una cultura real de prevención, control, detección y mitigación del riesgo de lavado de dinero.

Finalmente es necesario precisar que, lo fundamental es que en la búsqueda de una sólida cultura de cumplimiento antilavado de dinero es vital crear compromiso y generar conciencia colectiva, al punto en donde todos los funcionarios de las diferentes entidades sientan la necesidad y la obligación de detectar e impedir la cristalización de este delito, constituyéndose en su deber moral más que en su deber laboral, en su responsabilidad social más que su obligación legal.

corresponsal62@hotmail.com

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